A diez años de los hechos de octubre de 2003, la justicia boliviana aún no cumplió el objetivo de lograr la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros, acusados por los hechos de sangre en La Paz y El Alto. El Tribunal Supremo elabora los exhortos suplicatorios para oficializar el segundo pedido boliviano ante la justicia estadounidense.
El abogado de las víctimas del caso Octubre, Rogelio Mayta, explicó que primero debe elaborarse la versión en español de los exhortos, luego traducirlos al inglés y, posteriormente, comenzar los trámites diplomáticos a través de la Cancillería.
El segundo pedido de extradición comenzó el 19 de septiembre de 2013, cuando el fiscal General, Ramiro Guerrero, presentó formalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el segundo exhorto suplicatorio en contra de Sánchez de Lozada y de sus dos exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, por los delitos de genocidio, homicidio, tortura y masacre sangrienta.
Rechazo. En septiembre de 2012, Estados Unidos rechazó la primera solicitud de extradición bajo el argumento de que algunas figuras legales de la solicitud no están adecuadas a su ordenamiento jurídico. El Ministerio Público, tomando en cuenta esas observaciones, retiró del segundo pedido los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y contra la libertad de prensa.
El 1 de octubre, la Sala Plena del TSJ dio luz verde al pedido del Ministerio Público para el segundo trámite de extradición de los tres acusados radicados en Estados Unidos. Mayta sostuvo que el TSJ redacta los exhortos tomando en cuenta las sugerencias planteadas por los abogados estadounidenses contratados por el Ministerio Público, las que deben estar en el documento final.
La primera semana de octubre, Guerrero contrató al bufete de abogados Rabinowitz Boudin, además del experto traductor Jonathan Cavanaghcon, para que lleven el proceso judicial en Estados Unidos.
Hace dos semanas, Guerrero expresó su preocupación porque el TSJ no envió los exhortos a la Cancillería y anunció que haría un representación para conocer el estado del trámite. A las 1.300 páginas que tenía el primer exhorto se deben incluir más documentos, pruebas y otros elementos que sustenten el pedido, acotó Mayta.
Condena a exjefes militares
Sentencia
En el caso del juicio del caso Octubre, la justicia condenó con 10 a 15 años de prisión a los exjefes militares Roberto Claros, Juan Véliz, Gonzalo Rocabado, Oswaldo Quiroga y Luis Aranda, miembros del Alto Mando Militar de 2003.
Prisión
Los cinco exjefes militares están detenidos en el penal de San Roque, en Sucre. Ellos solicitaron un perdón judicial, pero las autoridades del Órgano Ejecutivo no les otorgaron el indulto.
Heridos demandan indemnización
La justicia chuquisaqueña tiene en sus manos la decisión de aceptar o rechazar el resarcimiento de daños que plantearon 124 víctimas de octubre de 2003, quienes piden entre Bs 600.000 a 1 millón por cada una de las 71 personas fallecidas durante la denominada guerra por el gas.
La demanda fue planteada en contra de los generales Juan Véliz Herrera, Gonzalo Rocabado, Roberto Claros, José Oswaldo Quiroga y Luis Alberto Aranda, quienes cumplen una condena en el penal de San Roque de Sucre precisamente por el caso Octubre. También fueron acusados los exministros Erick Reyes Villa y el fallecido Adalberto Kuajara.
El 16 de septiembre de 2013 fue convocada la primera audiencia por el juez de Sentencia 1° en lo Penal, Eduardo Gonzales, para una conciliación. Sin embargo, la misma fue suspendida porque la mayoría de los acusados estuvo sin abogados.
El 25 del mismo mes se reanudó la audiencia, pero también fue suspendida debido a que se comprobó que Reyes Villa no fue legalmente notificado. Ese día también se extinguió la causa penal contra el exministro Adalberto Kuajara, quien falleció en febrero de este año.
Hasta ayer, el juez de la causa no fijó fecha ni hora de la nueva audiencia donde podría llegarse a una conciliación entre las partes. Pero la defensa de los militares reitera que las víctimas ya recibieron una indemnización y que no corresponde otra. Sin embargo, el abogado de las víctimas, Freddy Ávalos, adelantó que se continuará con la demanda a los herederos de Kuajara por el resarcimiento de los daños ocasionados.
