Una rebelión popular que sitió La Paz, iniciaba hace diez años la llamada «Guerra del Gas» en Bolivia, que se saldó con 64 muertos y puso fin al gobierno liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, dando paso al movimiento indigenista que llegaría al poder de la mano de Evo Morales.
La población de El Alto, vecina de La Paz, concentró en octubre de 2003 masivas marchas de protesta de clases medias empobrecidas, campesinos, mineros e indígenas contra el gobierno, reprimidas por el ejército con armas de guerra.
La Guerra del Gas «fue el punto de partida de una secuencia de transformaciones profundas en la sociedad, como la inclusión social de sectores indígenas antes marginados», dijo a la AFP el profesor de la universidad estatal UMSA y analista político, Carlos Cordero.
Tras las marchas de protesta «subyacían otras motivaciones emergentes del agotamiento del sistema de partidos», como la falta de empleo o la corrupción en el aparto estatal, consideró el académico.
El movimiento popular se articuló bajo la consigna de la oposición al plan de Sánchez de Lozada de vender gas natural licuado (LNG) a Estados Unidos, vía puertos de Chile, país que arrebató a Bolivia su salida al mar tras la Guerra del Pacífico en 1879.
La decisión del gobierno de utilizar los puertos chilenos para vender el gas de Bolivia fue considerada por los movimientos sociales bolivianos como una traición a la demanda histórica del país, y es hoy, en cambio, uno de los grandes ejes de la política exterior de Evo Morales, quien resultaría en comicios posteriores a la revuelta, el primer presidente de origen indígena elegido en el país.
Una expresión de bronca
«Octubre fue la expresión de la bronca acumulada por las injusticias», dijo a periodistas el exdirigente minero, Jaime Solares.
Las protestas que confluyeron en El Alto llevaron a un corte de caminos con piedras, palos, escombros, y estallidos de cilindros de gas de uso doméstico en choques diarios con las tropas militares, que reprimían a bala a pobladores que exigían la dimisión de Sánchez de Lozada.
Tras dos semanas de violencia, con La Paz aislada, el aeropuerto internacional cerrado, una aguda escasez de alimentos y combustible, y un aumento constante de muertos y heridos por la violencia, Sánchez de Lozada entregó su dimisión al Congreso, y asumió en su lugar el vicepresidente Carlos Mesa, que gobernó menos de dos años, desestabilizado por sectores políticos que reclamaban elecciones anticipadas.
El entonces líder cocalero Evo Morales, que catalizó el descontento de la sociedad boliviana, ganó las elecciones de 2005 con el 54% de los votos, el mayor guarismo en el último medio siglo, favorecido por el descreimiento de los partidos tradicionales. Luego ratificó su popularidad con un 64% para un nuevo mandato en 2009, y se postula para un tercero en 2014.
Demanda a Chile
El gobierno de Morales demandó este año a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para recuperar su costa marítima, nacionalizó el gas natural y mantuvo las exportaciones de gas a sus tradicionales mercados de Brasil y Argentina.
A pesar de haber cumplido la denominada «Agenda de Octubre» (en referencia a las demandas de la insurrección) al llamar a una Asamblea Constituyente, nacionalizar los recursos naturales y empoderar a los sectores populares, algunos sectores opinan que lo hecho por el gobierno indigenista no es suficiente.
El analista político y profesor universitario Marcelo Silva dijo a la AFP que «hay un incumplimiento a las metas de octubre de 2003».
«El gas no se ha industrializado y sólo ese factor posterga los planes de desarrollo del país», opinó.
En homenaje a la rebelión popular, el presidente Morales declarará el jueves el Día de la Dignidad Nacional mientras sectores sociales de El Alto amenazan con no asistir a los actos conmemorativos por una supuesta desatención del gobierno a los reclamos de las víctimas.
Los familiares de los 64 muertos y casi 500 heridos «venimos insistiendo en estos diez años en busca de justicia hasta lograr la extradición de Sánchez de Lozada» que radica en Washington, dijo a la AFP el abogado de las víctimas Rogelio Mayta.
En 2011 cinco jefes militares de entonces y dos civiles fueron sentenciados a cárcel, pero ‘Goni’ Sánchez de Lozada, no puede ser juzgado en ausencia por lo que el gobierno tramita, aun sin suerte, su extradición desde Estados Unidos.
