El expresidente pakistaní Pervez Musharraf fue acusado hoy por el asesinato de su rival Benazir Bhutto en 2007, lo que constituye la primera inculpación de un exjefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán.
«Está acusado de homicidio, de complot criminal para cometer homicidio y de haber facilitado el asesinato» de Benazir Bhutto, declaró a la AFP el fiscal Chaudhry Azhar al final de una audiencia en Rawalpindi, ciudad vecina de la capital, Islamabad.
Pervez Musharraf, que regresó a Pakistán a finales de marzo tras cuatro años de exilio, se vio inmerso rápidamente en varios casos judiciales, sobre todo en la muerte de Bhutto, ocurrida el 27 de diciembre de 2007 en Rawalpindi, en un ataque con arma ligera más un atentado suicida.
El exgeneral, en arresto domiciliario en las afueras de la capital, concurrió a la audiencia custodiado por la policía y las fuerzas especiales.
Las principales calles de Rawalpindi se encontraban también cortadas, según un fotógrafo de la AFP en el terreno.
«El acta de acusación fue leída por la corte. Él negó todos los cargos», añadió el fiscal, que precisó que la próxima audiencia está prevista el 27 de agosto. «Las acusaciones son infundadas. No tenemos miedo de este proceso. Vamos a respetar el trámite judicial», respondió Sayeda Afshan Adil, abogada de Pervez Musharraf.
«Esta inculpación de carácter político que implica al expresidente Musharraf en el desgraciado asesinato de la exprimera ministra Benazir Bhutto no es solo falso, fabricado y ficticio, sino también un intento indigno de ensuciar el honor y la integridad del ex presidente a escala mundial», indicó el equipo de Musharraf en un comunicado transmitido a la AFP.
Un informe de las Naciones Unidas en 2010 señaló que la muerte de Bhutto podría haberse evitado y acusó al gobierno de Musharraf de no darle la protección adecuada. Pocos creen que pueda ser declarado culpable del asesinato.
«Hay un largo camino por recorrer y será muy, muy difícil de probar que él dirigió la conspiración de asesinato o que él era el autor intelectual», dijo a la AFP el analista político Imtiaz Gul.
Pervez Musharraf podría elegir ese «largo camino», dijo Gul, quien tampoco descartó la posibilidad de un acuerdo por el cual el estado abandonaría los cargos a cambio de un retorno al exilio del ex presidente.
Por otro lado, la inculpación del ex jefe de las fuerzas paquistaníes debería generar nuevas tensiones entre los militares y el poder civil, prevé el analista político Hasan Askari. «El ejército vigilará de cerca cómo se desarrolla el proceso y hasta qué punto esto ensucia la imagen de los militares… El ejército no está a la defensiva, pero busca simplemente conocer el impacto de este proceso en él», explica. Nadie ha sido condenado por la muerte de la jefa del Partido del Pueblo Paquistaní (PPP), Benanzir Bhutto, quien fue elegida dos veces primera ministra de Pakistán, país de 180 millones de habitantes y mayoría musulmana.
El «General Musharraf», que cumplió la semana pasada 70 años, tomó el poder en octubre de 1999 tras un golpe de estado militar. Después de los atentados del 11-S, Musharraf se convirtió en un aliado clave de Washington en la «guerra contra el terrorismo».
Benazir Bhutto, primera mujer primer ministro en un estado musulmán, volvió a Pakistán a finales de 2007 con el objetivo de participar en las elecciones legislativas, pero rápidamente fue víctima de amenazas de muerte, por lo que solicitó mejor protección al régimen del presidente Musharraf.
Bhutto fue asesinada frente a miles de simpatizantes durante un mitin político a Rawalpindi. Su muerte forzó el retraso de las elecciones a febrero de 2008, que fueron ganadas por su partido el PPP con su viudo, Asif Ali Zardari, a la cabeza.
El gobierno de Musharraf acusó en su momento al jefe de los talibanes paquistaníes del TTP, Baitullah Mehsud, de la muerte de Benazir Bhutto. El jefe talibán, asesinado posteriormente por un drone (avión teleguiado) estadounidense, negó siempre cualquier tipo de implicación en el asesinato Además del caso Bhutto, el expresidente Musharraf está pendiente de juicio por la imposición del estado de urgencia en 2007 y el asesinato un año antes, en una operación militar, de Akbar Bugti, jefe rebelde de la provincia de Baluchistán (suroeste).
