Los familiares de las víctimas de la dictadura chilena calificaron ayer como “siniestra y peligrosa” la propuesta de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos de entregar información sobre sus crímenes a cambio de recibir beneficios carcelarios.
“Me parece que estamos frente a una ofensiva muy siniestra y peligrosa”, señaló a los periodistas la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
La oferta la hizo el sábado el abogado René López, defensor del general Manuel Contreras, el antiguo jefe de la Dina, la temible policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, condenado a más de 300 años de prisión en decenas de juicios por crímenes de lesa humanidad.
López dijo que se debe formar “una mesa de diálogo” entre los condenados y los familiares de detenidos desaparecidos para materializar la iniciativa y emplazó al presidente Sebastián Piñera a respaldarla.
“Si el Presidente autoriza, podemos entrar a conversar, formar una mesa de diálogo, chequear antecedentes, buscar por ahí y por allá”, explicó.
No obstante, el hijo de Contreras, del mismo nombre, no dio crédito a las declaraciones del jurista al señalar que “mi padre aportó toda información que sabe”.
“Él (López) no tiene patrocinio de mi padre para eso. Vamos a comunicarnos con él”, recalcó.
“No sé de qué información está hablando. En ningún momento aquí hay un canje de información, por libertad o beneficios carcelarios, eso no corresponde”, agregó Manuel Contreras al corresponsal de CNN Chile.
Y precisó que “nosotros sólo le dimos patrocinio para el recurso de protección. En ningún momento le hemos dado patrocinio para otras acciones o solicitudes que él mismo ha dicho de una forma muy extraña”, enfatizó. Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 34.000 sufrieron torturas y fueron encarcelados por motivos políticos.
Lorena Pizarro aseguró que con la propuesta del jurista López “se demuestra una vez más que mantienen un pacto de silencio y que no dicen toda la verdad que saben”.
En tanto, la candidata presidencial de la opositora Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, dijo ayer en una parada de su campaña que “con crímenes de lesa humanidad no se negocia y que dicha propuesta es inadmisible”.
La exmandataria (2006-2010) afirmó que Contreras ha engañado por años sobre el paradero de los detenidos desaparecidos “y sólo pretende negociar impunidad”.
Bachelet, favorita en las encuestas para las presidenciales de noviembre próximo, enfatizó que si los militares encerrados por violaciones a los derechos humanos tienen información, deberían entregarla y que no hacerlo “es mantener el dolor de los familiares de las víctimas”.
Por su parte, el diputado de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Ulloa sostuvo que “la entrega de antecedentes tiene que ser a cambio de nada”.
“No corresponde pedir nada a cambio y lo que tenemos que hacer es el tremendo esfuerzo de que se ubiquen todas las personas que están desaparecidas, ojalá todas”, añadió.
El presidente del Partido Socialista de Chile, diputado Osvaldo Andrade, coincidió con García al señalar que la propuesta “es absolutamente inaceptable, éticamente inmoral”. “Esta interpelación a instalar una mesa que se le hace al presidente Sebastián Piñera es un chantaje inaceptable que no estamos en condiciones de reconocer siquiera”, enfatizó.
La dina era la policía secreta
dictadura La Dirección de Inteligencia Nacional, conocida por su acrónimo Dina, fue la policía secreta del régimen militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1977. La Dina fue responsable de numerosos casos de infiltración política, asesinatos, secuestros, tortura de personas.
