La opositora Unidad Nacional (UN) oficializó hoy, ante la Fiscalía General, sus denuncias del 9 de octubre sobre un presunto sobreprecio en tres grandes proyectos ejecutados por el Gobierno y solicitó a esa instancia una «profunda investigación» sobre los supuestos ilícitos. Días después de las denuncias el presidente Evo Morales desafió al líder de ese frente político, el empresario Samuel Doria Medina, a iniciar procesos si tiene pruebas de su denuncia.
La diputada de UN por el departamento de La Paz, Elizabeth Reyes, fue la encargada de entregar a la Fiscalía General toda la documentación que respaldan las denuncias sobre un presunto sobreprecio de 382 millones de dólares en la construcción del proyecto azucarero de San Buenaventura, el telférico entre La Paz y El Alto; y la instalación de la planta de amoniaco de Bulo Bulo, en el Chapare cochabambino.
«Estamos presentando la investigación realizada y por supuesto el Ministerio Público, de oficio, tendrá que hacer la investigación y tipificar los delitos que vea conveniente», declaró Reyes, una vez deposita la denuncia en la Fiscalía General del Estado.
UN presentó ante la Contraloría y el Ministerio de Transparencia un legajo similar al entregado a la Fiscalía General y según la diputada Reyes servirá si «realmente en este caso se hace la investigación respectiva y se protegen los bienes de todos los bolivianos».
Reyes lamentó que una anterior denuncia presentada por UN sobre aparentes irregularidades en el programa Bolivia cambia, Evo cumple no tuvo eco en la Fiscalía General, la Contraloría y el Ministerio de Transparencia.
«Esperamos que esta vez el sobreprecio de $us 382 millones sea investigado y que realmente se pueda sancionar a los responsables», apuntó.
Según Reyes, la investigación realizada por UN muestra un sobreprecio de $us 382 millones en tres megaobras del Gobierno nacional: el teleférico La Paz-El Alto, el proyecto azucarero de San Buenaventura y la planta de amoniaco de Bulo Bulo, en el Chapare.
Consultada sobre el tipo de delitos que se advierten en la documentación, Reyes indicó que ello corresponderá a una valoración jurídica que deba realizar la Fiscalía General luego de realizar las investigaciones del caso.
