La Policía detuvo ayer en Apolo a cuatro peruanos y dos bolivianos, dentro de la pesquisa por la emboscada que sufrió el sábado un grupo de erradicadores de coca. Con la hipótesis de que en la zona hay narcotráfico, el presidente Evo Morales dijo que seguirá la eliminación de la hoja.
En Apolo, La Razón confirmó anoche que la captura de los cuatro peruanos, de quienes no se reveló su identidad, se produjo cerca de las 14.00, en un río próximo a la comunidad de Miraflores. Ellos, además de los dos bolivianos, fueron trasladados a La Paz, para ser investigados.
La posibilidad de la presencia de foráneos en la región fue denunciada por Morales. “Sigo convencido, después de algunas informaciones preliminares, que extranjeros van operando y usando a algunos dirigentes”, sostuvo en la ciudad de Tarija.
El sábado, un grupo de comunarios armados arremetió contra un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que realizaba tareas de erradicación en la zona. A raíz del ataque fallecieron los militares Óscar Gironda y Willy Yujra, el policía reynaldo Quispe y el médico Michael Olivarez; y quedaron heridas 14 personas con armas de fuego y 15 policontusas.
La posible fuga de responsables hizo que el Gobierno coordine con Perú el refuerzo de los controles en la frontera. “Nuestra obligación es sentar presencia del Estado en estas fronteras, esto nos va obligar a trasladar algunos regimientos o crear puestos militares”, manifestó.
Pese al conflicto registrado, el Primer Mandatario advirtió que la erradicación de coca excedentaria en Apolo continuará, ya que los resultados en esta tarea nunca fueron alcanzados por anteriores gobiernos.
En respuesta, productores de la comunidad de Miraflores emitieron un pliego en el que demandan al Gobierno dialogar para reducir la erradicación de coca. Otros dirigentes más radicales anunciaron que un grupo de 726 personas, ubicados en puntos estratégicos de la zona, resguardarán los cultivos de coca.
En Apolo, el representante del Defensor del Pueblo, Gregorio Lanza, gestiona un acercamiento entre autoridades del Gobierno y representantes de los cocaleros. Lanza advirtió que los productores deben aceptar negociar el registro biométrico.
Instruyen estudio de balística
Fiscalía
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que de oficio se inició los estudios de balística para establecer el tipo de arma que se utilizó y el calibre para el ataque y la posterior muerte de cuatro personas en Apolo.
Análisis
Guerrero dijo que ya se elaboran los estudios de los cuatros cuerpos para conocer sobre los disparos que recibieron, tanto los orificios de entrada como
de salida.
Cocaleros vigilan cultivos desde los cerros
W.F.
Tras el conflicto desatado desde el sábado entre cocaleros de Apolo y fuerzas erradicadoras, los productores de la hoja de Miraflores decidieron instalar carpas en los cerros con el objetivo de vigilar y evitar la eliminación de sus cultivos.
“Nuestros hermanos están detenidos, pero nosotros no vamos a tener miedo por el hecho de que nos hayan quitado la cabeza (dirigentes), ya que todos somos dirigentes y tenemos las mismas capacidades. Entonces si el Gobierno quiere seguir erradicando hemos decidido, toda la base, a que nos lleven a la cárcel y el Gobierno se haga responsable de todos nuestros hijos”, advirtió un dirigente cocalero que pidió guardar en reserva su identidad.
Agregó que son 726 personas que no permitirán la erradicación de la coca por lo que están ocultos en diferentes lugares.
Entretanto, una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sobrevoló ayer la comunidad Miraflores para hacer un reconocimiento de la zona. Con esa acción se pretende detectar con exactitud las áreas en las que hay coca excedentaria. “Yo quiero que haya una investigación para que así los uniformados digan qué encontraron al ingresar a nuestras casas”, agregó el dirigente cocalero de Apolo.
En La Paz, según un reporte de Cadena A, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que a la zona se envió erradicadores sin un informe previo de Inteligencia porque el Ejecutivo es pionero en ingresar a esa zona. El presidente de los policías de baja graduación, Jesús Quispe, lamentó que no se haya dotado de material (chaleco antibalas y armamento) a sus camaradas.
