La población penitenciaria aumentó en 133 por ciento en poco más de siete años, pues a fines del 2005 había 6.000 reos y en la actualidad se llega a 14.000 privados de libertad, señala la Pastoral Penitenciaria de El Alto.
«Denunciamos la retardación de justicia como una de las primeras causas de la situación «explosiva» de las cárceles en el país», remarca el comunicado. El aumento de 8.000 reos en este corto tiempo es de riesgo inminente.
«Estamos llamados todos a aportar en la solución de la situación de las cárceles, no sólo con palabras, proyectos y donaciones, sino, prioritariamente en la implementación de políticas penitenciarias que impliquen voluntad política y asignación de recursos humanos y económicos», remarca.
El comunicado de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de El Alto, que está firmado por el padre Francisco Donnat, que es el Delegado Episcopal, subraya que «la justicia nunca está en la exclusión».
También expresa consternación por lo ocurrido en la cárcel de Palmasola, donde ya suman 31 muertos oficiales, producto de una invasión entre grupos de presidiarios y víctimas inocentes por la explosión de garrafas con gas licuado de petróleo (GLP).
Ante la sobrepoblación y los hechos acontecidos en Palmasola, la Pastoral Penitenciaria señala que «es urgente reflexionar sobre la situación de las cárceles en Bolivia», dejando en claro: «Necesitamos que todas las organizaciones que operan en las cárceles, la Policía encargada de la seguridad, Régimen Penitenciario encargado de la administración de las cárceles».
También es necesaria la participación conjunta del «sistema judicial y también otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos y las mismas Pastorales Penitenciarias de cada Diócesis», señala el comunicado.
Con el concurso de estas entidades e instituciones es necesario analizar «la situación en los centros penitenciarios del país», además de llegar a «una autocrítica constructiva de su presencia» en cada cárcel y plantear «propuestas con miras a mejorar las condiciones de vida de los presos, (que) en muchas circunstancias no (son) dignas de la persona».
