La contaminación ambiental es un problema creciente en todo el mundo, y las medidas para combatirla debieran seguir esa misma tendencia; sin embargo no es así, particularmente en ciudades, como las bolivianas, donde se asocia pobreza con incapacidad de acción, cuando lo que falta es cultura cívica: predisposición de autoridades y ciudadanos para hacer lo necesario.
Felizmente, la falta de iniciativas no es una regla inquebrantable, y en El Alto están a punto de demostrarlo al haber puesto en marcha un plan de cuatro fases para frenar la contaminación de los ríos Seco y Seke, provocada por las curtiembres que arrojan en ellos sus desechos, según informó el Director de Gestión y Control Ambiental del gobierno municipal alteño.
El problema de las curtiembres es que además del característico olor producen importantes cantidades de agua que contiene sulfato básico de cromo, que es altamente cancerígeno y que requiere un tratamiento especial para ser eliminado antes de retornar al medio ambiente. Es fácil imaginar que las curtiembres alteñas aún no cuentan con tecnología para instalar una planta de tratamiento de descargas líquidas y sólo utilizan rejillas que no separan al 100% las partículas suspendidas.
Según la autoridad, el 80% de las 19 curtiembres autorizadas en El Alto no cuenta con sistemas de tratamiento de descarga líquida y funcionan en lugares poblados en vez de hacerlo en zonas periurbanas, como indica la norma. Las 19 curtiembres identificadas por las autoridades municipales son legales, pues cuentan con permiso y licencia ambiental: seis de la Gobernación de La Paz y las otras 13 de la Alcaldía de El Alto. Las tres primeras obtuvieron permiso de la Gobernación porque corresponden a la categoría 1 y 2, es decir son empresas o rubros con alto riesgo de contaminación ambiental; mientras que las otras 13 están en la categoría 3, porque producen una contaminación mixta-moderada, menor que la primera.
Pero, según la autoridad, si las gestiones anteriores no controlaron a estas empresas, de modo que pese a ser legales incumplen con sus compromisos de mitigación del impacto ambiental, en esta gestión, la municipalidad empezó un plan que tiene la finalidad de vigilarlas y luego sancionarlas en caso de que continúen incumpliendo las normas. El primer paso fue la identificación de las 19 compañías legales, pero no se logró ubicar a las ilegales. La autoridad se abstuvo de lanzar una cifra de ellas, aunque reconoció que sí existen. Las otras fases del plan están por implementarse.
Es, pues, pronto para manifestar beneplácito por la medida adoptada, pero no para el optimismo, pues lo avanzado representa el primer paso de una larga andadura que le espera a El Alto si de verdad se espera mejorar la calidad de vida en esa urbe. No se trata de ganar votos, sino de hacer algo bien por su población.
