El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que los cuatro magistrados renunciantes corresponden a la línea de Evo Morales y que fueron parte de su gobierno.
“Nosotros estamos convencidos de que los cuatro magistrados que renunciaron corresponden al ala evista del Órgano Judicial”, dijo la autoridad en rueda de prensa improvisada en puertas del Palacio Quemado.
Según detalló Lima, el juez del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Zeballos —que renunció en 2019— estuvo “hablando como abogado de Evo Morales”. Entonces, el abogado renunció ante denuncias de violencia intrafamiliar y advertencia de juicio de responsabilidades.
Debido a cuestionamientos a la Declaración Constitucional 049/2023, que declaró la prórroga de 26 magistrados y consejeros, cuatro de ellos presentaron su carta de dimisión, algunos para evitar procesos en su contra.
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En relación al magistrado cruceño del TCP Carlos Alberto Calderón, el ministro Lima reveló que “renunció y declaró en su carta de renuncia que estaba de acuerdo con la prórroga”.
Sobre la magistrada del Tribunal Agroambiental Elva Terceros, dijo que ella fue jefa de gabinete y directora jurídica del exministro de Gobierno Carlos Romero, ahora detractor del gobierno de Luis Arce.
De Ángela Sánchez, también de ese tribunal, Lima afirmó que “ha sido —ella misma lo reconoce— una persona muy vinculada a los movimientos de Evo Morales”.
Y de Esteban Miranda Terán, juez del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó que fue viceministro en el gobierno de Morales.
En criterio de Lima, solo los cuatro son los renunciantes, los otros 22 magistrados y consejeros expresaron su decisión de continuar en sus funciones.
A partir del 3 de enero, los magistrados de los tribunales Constitución, Supremo de Justicia y Agroambiental, además de los tres miembros del Consejo de la Magistratura, fueron prolongados en su mandato mientras la Asamblea Legislativa defina la convocatoria a elecciones judiciales.
Los 26 magistrados y consejeros debían termina su gestión de seis años, como manda la Constitución, el 2 de enero. Su prórroga genera ahora una crisis política y advertencia de bloqueos a partir del lunes, a iniciativa del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
