La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la muerte violenta de 31 personas en una cárcel del este de Bolivia, e instó al gobierno de Evo Morales a investigar los hechos.
La Comisión, con sede en Washington, pidió a La Paz iniciar una investigación para «sancionar a los responsables, y adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares, en particular aquellas relativas al fortalecimiento institucional del sistema penitenciario».
Una pelea entre presos de la penitenciaría de Palmasola, una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Santa Cruz, en el este de Bolivia, provocó un incendio el viernes que dejó 31 muertos, entre ellas un niño que vivía en la prisión, y decenas de heridos de gravedad.
Tras el suceso, el más grave de la historia penitenciaria boliviana, el gobierno anunció este miércoles el endurecimiento del régimen en la prisión, aislando a los presuntos responsables y prohibiendo las visitas.
El control de las autoridades del orden en las prisiones es el «presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos» de los presos, subrayó en un comunicado la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La muerte del menor de edad es «particularmente preocupante», estimó el organismo, que calcula que más de 2.000 niños viven con sus padres en los centros penitenciarios bolivianos, la mayoría de ellos menores de seis años.
La Comisión reconoció que el gobierno boliviano ha «reforzado» su atención a esa problemática, pero insistió que las condiciones de las prisiones -insalubridad, inseguridad, infraestructuras precarias- constituyen «serios factores de riesgo» para los niños.
