La propietaria del canal 33 de Cochabamba, Marianela Montenegro, presentó este lunes una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la «agresión y atentado» que sufrió ese medio de comunicación y responsabilizó del hecho al gobierno del presidente Evo Morales.
Según Montenegro, el canal 33 y el programa «Aló Marianela» han denunciado a lo largo de estos años el crecimiento del narcotráfico, la corrupción, la manipulación de la justicia, los atropellos que se cometen diariamente contra opositores y puso de ejemplo el caso del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic.
«El gobierno de Evo Morales acosa a los medios de comunicación, y ha ordenado un brutal e ilegal allanamiento a canal 33 en represalia a la línea editorial crítica al gobierno. Ha desplazado un gran contingente de policías, gente del Ministerio de Gobierno y la ATT. (Autoridad de Telecomunicaciones). Quienes tomaron por asalto canal 33 hasta por los techos forzaron tres accesos destrozaron puertas de entrada al canal y también las puertas de ingreso al domicilio particular de los propietarios ubicado en el último piso del mismo edificio», dice en sus partes sobresalientes la denuncia formalizada.
«La Ley 164 de Telecomunicaciones bajo ningún concepto habilita el secuestro y mucho menos el allanamiento a operadores legales. Irrumpieron violentamente con una orden prefabricada de un día para otro sin que medie proceso o notificación alguna, plagada de vicios de nulidad y con una dirección incorrecta. Golpearon mujeres y niños, utilizaron armas químicas, pocas imágenes quedan de este brutal atropello que fueron registradas por las cámaras de seguridad que no lograron destrozar o desactivar», acota el texto.
Según la carta remitida a Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de dicha comisión «el gobierno tiene control sobre una mayoría de jueces, fiscales, notarios que simplemente operan a su servicio, motivo por el cual las demandas contra los daños ocasionados no prosperan, solo avanzan a favor del gobierno en clara y repetida manipulación del estado de derecho».
«A raíz de estas denuncias confío en que la OEA como organismo de protección de los Derechos Humanos y organismo defensor del Pacto de San José pueda realizar las investigaciones necesarias y restituya el Estado de Derecho en Bolivia y la protección de los Derechos Humanos de los bolivianos», dice el documento.
