Varios grupos de pueblos de la Amazonía ecuatoriana reclamaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su derecho a la consulta previa ante una nueva ronda de licitaciones petrolíferas en el Amazonas que afectaría a unos 2 millones de hectáreas.
Las asociaciones indígenas expusieron su preocupación durante una audiencia en el marco del 149 periodo de sesiones de la CIDH, que arrancó hoy en Washington, aunque el Estado de Ecuador no compareció ante los comisionados.
«Estamos profundamente preocupados por la no comparecencia del Estado ecuatoriano ante la CIDH debido a que estamos perdiendo la oportunidad de debatir en el espacio interamericano sobre algo que el propio país no ha abierto la discusión, especialmente sobre el tema de la consulta libre, previa e informada», explicó a Efe Mario Melo, representante de la Red Jurídica Amazónica.
Melo describió la situación de vulnerabilidad de siete de los pueblos indígenas de la zona donde el Gobierno de Ecuador pretende conceder una nueva explotación petrolífera, e insistió en que los procesos de consulta a la población de esa zona están manipulados y sin rigor.
«La consulta tiene que ser hecha de buena fe. Pero no ha sido así, había una decisión previa ya tomada y cuando los pueblos pronuncian su voz resulta ya irrelevante», dijo.
Franco Viteri, presidente del Gobierno de las Naciones Originarias de la Amazonía Ecuatoriana (GONOAE), defendió ante la CIDH que el Estado ecuatoriano ha firmado los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos y en teoría tiene una Constitución progresista que alberga los derechos de la naturaleza, pero no actúa en consecuencia.
«Han utilizado a otra gente que no nos representa para implementar la consulta previa. Esto vulnera los derechos de los pueblos indígenas. (…) Queremos que la CIDH llame la atención del Gobierno ecuatoriano y preserve nuestra continuidad», subrayó Viteri.
El presidente del GONOAE recordó que las decisiones sobre las construcciones que el Estado quiere implementar deben ser consultadas y dijo, de hecho, son esos mismos pueblos quienes deben proponer los cambios para respetar la Constitución. «No se puede reducir todo a un interés utilitario ni económico».
Imponer desde el Estado políticas públicas que van en deterioro de los derechos de la naturaleza y de los indígenas no es hacer revolución ciudadana», remachó Viteri en relación al discurso político del presidente de Ecuador, Rafael Correa.
