El 19 de septiembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) comunicó formalmente la Declaración Constitucional 0009/2013 respecto al estatuto de Totora Marka para su conversión en autonomía indígena originario campesina. Lo hizo más de un año después de la solicitud. Estos prolongados e injustificados plazos ponen en riesgo el proceso autonómico indígena en el país.
Desde que 11 municipios aprobaron en referendo su decisión de convertirse en autonomías indígenas en diciembre de 2009, han pasado casi cuatro años y todavía ninguno de ellos logró dicho objetivo. Además de los complejos requisitos establecidos en la Ley Marco de Autonomías, se siguió un difícil camino con algunas trabas como la resistencia de algunos alcaldes electos en 2010 que no quieren salir de la vía municipal. Existen también pugnas internas que entorpecen el avance.
Pero preocupa en especial la extrema lentitud del TCP en emitir los fallos de constitucionalidad, situación que genera incertidumbre y posterga sin fecha el proceso autonómico indígena. Así sucedió con el estatuto de Totora Marka, cuya declaración constitucional tardó casi diez meses y, lo más inexplicable, requirió nada menos que 12 semanas para su comunicación a los interesados. Con esos ritmos, el Tribunal Constitucional puede ser el causante de que el proceso quede trunco en el camino.
Según la norma, luego de la declaración de constitucionalidad de los estatutos de autonomías indígena originario campesinas deben realizarse referendos ratificatorios como requisito para su implementación. Pero la dilatación de plazos en el TCP está postergando los referendos, con el riesgo de que ya no puedan realizarse a tiempo por la proximidad de las elecciones generales de 2014. Este hecho sería nefasto para el largo recorrido de las naciones y pueblos indígenas en su anhelo de autogobierno.
No debe olvidarse que además del de Totora Marka (cuya Declaración Constitucional debe ratificarse luego de los ajustes realizados en 11 artículos que eran incompatibles con la Constitución), hay otros cuatro estatutos que esperan desde el año pasado el correspondiente control de constitucionalidad. Se trata de los estatutos de Mojocoya, Uru Chipaya, Charagua y Pampa Aullagas. ¿Cuándo contarán con el fallo del Tribunal Constitucional? ¿Tendrán posibilidad de ir a referendo en los siguientes meses?
El TCP tiene la palabra. Si bien es evidente que tuvo que adecuar su estructura institucional a la nueva realidad de organización territorial del Estado, y que las autonomías en plural (en especial las indígenas) plantean retos nuevos y complejos, ello no justifica que los tiempos del “test de constitucionalidad” sean tan prolongados. El proceso autonómico indígena está en un momento decisivo que requiere el concurso y compromiso de todas las instituciones involucradas para hacerlo realidad.
