La defensa del expresidente boliviano Jorge Quiroga, acusado de avalar contratos petroleros supuestamente irregulares, pidió hoy citar a las audiencias del caso al mandatario Evo Morales porque fue él quien presentó esa denuncia en 2005.
El abogado de Quiroga (2001-2002), el expresidente de la Cámara de Diputados Luis Vázquez, informó a Efe de que los defensores del exmandatario presentaron hoy esa solicitud en una audiencia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad sureña de Sucre.
Según Vázquez, «es correcto» que en las audiencias esté presente Morales porque fue quien, junto a otros diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), presentaron la acusación hace ocho años.
Los defensores de Quiroga consideran «ineludible» la presencia del Jefe de Estado en el proceso, agregó el letrado.
La Sala Segunda del TSJ, presidida por los magistrados Maritza Suntura y Pastor Mamani, comenzó la audiencia en la mañana y luego declaró un intermedio hasta las próximas horas, tras la petición planteada por la defensa del exmandatario.
Además, el fiscal general del país, Ramiro Guerrero, se excusó por escrito de participar en el caso y ha designado en su lugar al fiscal Roberto Ramírez para su representación.
Guerrero pidió a principios de mes que la Justicia resuelva la detención domiciliaria de Quiroga, emita una orden que le prohíba salir del país y haga una anotación judicial de sus bienes, como medidas cautelares para el juicio.
En esos días, la Fiscalía imputó formalmente a Quiroga, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y a tres exministros de Hidrocarburos por la supuesta autoría de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Quiroga es el único que se presentó a la audiencia de hoy, mientras que Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde 2003, cuando renunció a la Presidencia en medio de un conflicto social.
Los delitos tienen que ver con la decisión presuntamente ilegal de que varios contratos petroleros no hayan sido avalados en su momento por el Congreso.
Quiroga siempre ha negado que con los contratos firmados durante su gestión por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se haya causado daño económico al Estado y consideró que este es un «juicio político» impulsado por el fiscal Guerrero.
Según Vázquez, el fiscal general aceptó hoy una solicitud para excusarse del caso debido a que su imparcialidad «está comprometida» porque él ya tomó resoluciones en 2010 sobre la denuncia siendo magistrado del TSJ, al que llegó designado por Morales.
Tras la nacionalización petrolera decretada en mayo de 2006, todos los contratos fueron renegociados y después avalados por leyes del Congreso, como una medida que otorga seguridad jurídica.
En Bolivia opera una docena de trasnacionales petroleras, entre ellas la española Repsol, la brasileña Petrobras, la British Gas, y la francesa TotalFinaElf.
