Un diputado de la comisión que visitó el municipio de Apolo para investigar la muerte de cuatro miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el 19 de octubre ratificó que hubo una emboscada y masacre contra erradicadores, como sostiene el Gobierno.
El diputado opositor de Convergencia Nacional (CN) Pedro Medrano, que participó en la delegación de asambleístas, evitó dar un criterio sobre las primeras pesquisas porque aún faltaría parte del trabajo investigativo para emitir conclusiones sobre este caso.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, Carlos Aparicio (MAS), informó a La Razón que luego de entrevistar militares y policías de la FTC que fueron víctimas de la agresión se confirmó que “hubo una masacre y emboscada planificada” en contra de los uniformados.
Agregó que visitaron las comunidades de Miraflores y Copacabana, donde se comprobó que existían sembradíos de coca. El martes, representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia afirmaron que no hubo una emboscada y que, más bien, los uniformados agredieron a los cocaleros en sus viviendas, en la madrugada.
Caso. La comisión legislativa, conformada por tres asambleístas del oficialismo y dos de oposición, viajó a Apolo días después del conflicto en las comunidades de Miraflores y Copacabana, ocurrido el sábado 19. Allí, efectivos de la FTC ingresaron a esa zona para erradicar coca ilegal. Tras un ataque con armas de fuego murieron el subteniente de Ejército Óscar Gironda, el suboficial naval Willy Yujra, el policía Reynaldo Quispe y el médico Michael Olivares.
Aparicio contó que según los relatos de las heridos, se confirmó que el subteniente Gironda fue herido de bala en la puerta de una choza, cerca de la unidad educativa de Miraflores, lugar donde fueron los conscriptos a socorrerlo, pero por los disparos que llegaban se escondieron dentro de la vivienda.
Sin embargo, acotó, la gente los sacó del lugar y les obligó a salir de la comunidad con el oficial en hombros, aún con vida y malherido, pero en dos oportunidades otros comunarios les hicieron volver a la escuela y, al final, se les obligó a dejar el cuerpo ya sin vida del militar en una cuneta de la carretera Miraflores-Apolo. El diputado dijo que la investigación continuará, pero que con lo avanzado se confirma los vejámenes y torturas a los uniformados.
Ante la consulta sobre qué hacían los efectivos en el centro de la comunidad, Aparicio adelantó que ese tema aún se investigará. También comentó que los rehenes que estaban dentro la escuela sufrieron de picaduras de abejas, puesto que los comunarios les lanzaron panales sin importarles que estén heridos. En otro acto, habrían vestido con polleras a dos oficiales del Ejército.
Versiones distintas del hecho
Gobierno
Las autoridades del Órgano Ejecutivo afirmaron que el 19 de octubre la fuerza erradicadora de coca fue emboscada cuando intentaba eliminar coca. Indicaron que los agresores emplearon tácticas militares para el ataque y no descartaron que éstos hayan sido entrenados por el grupo peruano Sendero Luminoso.
DDHH
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos sostiene que los erradicadores allanaron las viviendas de los cocaleros y éstos reaccionaron ante la violencia empleada por los uniformados.
Exigen presencia del Estado en la frontera
Cocaleros de Apolo exigen al Gobierno sentar soberanía del Estado en las comunidades San Fermín y Cocos Lanza, en la frontera con Perú, ya que al menos 100 familias peruanas estarían asentadas en el lugar.
“No existe presencia militar ni nada para salvaguardar nuestra frontera, por lo que tenemos entendido que súbditos peruanos se asentaron en el territorio boliviano a lo largo del río Lanza y Colorado. Hay dos comunidades fronterizas, en Cocos Lanza y San Fermín, donde viven al menos 100 familias; en el territorio boliviano todos serían peruanos”, denunció ayer Lucio Bascopé, dirigente cocalero del municipio de Apolo.
Agregó que estas familias extranjeras plantaron al menos 150 hectáreas de coca ilegal, entre el territorio boliviano y peruano, producto que sería utilizado en actos ilícitos tanto en el lado boliviano como peruano.
“Pedimos al Gobierno sentar soberanía y el Regimiento 30 de infantería de Apolo debería ir a la frontera hasta San Fermín. Solicitamos también se haga una inspección y se deje de hacer un show en el municipio de Apolo por lo ocurrido”, acotó Bascopé. Este diario intentó comunicarse con el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, para obtener una respuesta del Ejecutivo, pero la autoridad no respondió su teléfono móvil.
