El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó hoy a Bolivia suprimir el requisito de autorización judicial en casos de aborto terapéutico y como consecuencia de una violación, estupro o incesto, de modo que se pueda ofrecer a las víctimas acceso a una interrupción legal del embarazo.
Bolivia fue uno de los cinco países que compareció en Ginebra en la última sesión del comité, que está encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados signatarios.
En su informe final sobre Bolivia, que contiene un total de 28 puntos entre observaciones y recomendaciones, el órgano de la ONU indica que le preocupa la necesidad de esa autorización judicial previa, así como los informes que indican que «tan sólo seis abortos legales han sido autorizados judicialmente» en este país.
Declara igualmente su inquietud por el elevado porcentaje de mortalidad materna causada por abortos en condiciones de riesgo, así como por el «alarmante número de investigaciones procesales contra mujeres por aborto ilegal».
En este sentido, se pide a Bolivia «abstenerse de procesar a mujeres por haberse sometido a abortos ilegales como consecuencia de los obstáculos derivados del requisito de autorización judicial previa».
Otro asunto que causó preocupación entre los miembros del comité fue el «elevado número de casos de linchamiento» y los escasos procesos penales contra los supuestos responsables.
«El Estado debe tomar medidas urgentes para garantizar que todos los linchamientos sean investigados sin demora, los autores enjuiciados y sancionados debidamente, y que las víctimas reciban una reparación», recomienda el comité, compuesto por reputados juristas independientes.
En una rueda de prensa, el miembro del comité, Fabián Salvioli, mencionó que otro hecho preocupante en Bolivia está relacionado con la investigación y procesamiento de los casos de tortura.
Declaró que las medidas tomadas al respecto son todavía «insuficientes» para castigar los casos que se dan «en comisarias o dependencias de policías, y en cárceles».
Por otra parte, el jurista destacó la preocupación del comité por la «falta de investigación y sanción de los responsables de la masacre de El Porvenir en Pando y en Sucre en 2008».
Bolivia «debe acelerar los procesos judiciales» por esos hechos de «violencia racial, con el fin de erradicar la impunidad imperante», reclama el comité en sus conclusiones.
Para las víctimas, el órgano de Naciones Unidas pide «reparación integral, que incluya una atención médica y psicosocial» para atender las secuelas».
