La diputada oficialista Benancia Gutiérrez inició una huelga de hambre para protestar por la falta de transparencia en la investigación de la muerte de una cadete en la Academia Nacional de Policía en noviembre pasado, informaron hoy fuentes parlamentarias.
La legisladora Gutiérrez, perteneciente al partido del presidente Evo Morales, comenzó la huelga el lunes por la tarde en las instalaciones de la academia policial en La Paz para exigir resultados en la investigación de la muerte de la cadete Cinthia Poma, de 24 años, quien falleció tras supuestamente sufrir violencia física durante un entrenamiento.
«Hasta ahora hemos esperado un informe pormenorizado de la fiscal asignada al caso, pero no hemos recibido nada. Lamento que el Poder Judicial se maneje de esa forma, no hay nada claro», dijo Gutiérrez, según un comunicado de la Cámara de Diputados.
Además, la parlamentaria exigió a la Academia Nacional de Policía (ANAPOL) que no someta a sus estudiantes a ejercicios extremos como parte de su instrucción.
«Como en la ANAPOL no respetan las leyes que hemos aprobado, como la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, ni la Constitución Política del Estado, como asambleístas tenemos que tomar estas medidas radicales», agregó.
La cadete Poma murió por una crisis asmática secundaria ocasionada por un esfuerzo físico, según dijo a los medios el jefe de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, mayor Walter Sosa.
En el mismo entrenamiento, otras tres cadetes resultaron heridas y necesitaron asistencia hospitalaria.
La familia de Poma sostiene que la joven fue torturada antes de morir debido a que su cuerpo presentaba signos de haber sido golpeado, mientras la ANAPOL mantiene que falleció por una crisis asmática y la Fiscalía asegura que la cadete ocultó a los responsables de la institución que padecía asma.
Un equipo forense estudia los resultados de la necropsia practicada a Cinthia Poma para determinar la causa exacta de su muerte.
El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, denunció en noviembre pasado en una carta enviada al vicepresidente del país, Álvaro García Linera, que en los últimos tres años al menos veinte cadetes y soldados rasos han perdido la vida en recintos militares.
También hay, según Villena, 300 denuncias de vulneración de derechos humanos en los cuarteles.
