Tanto la teoría económica como la experiencia dan cuenta de que todo monopolio, sea público o privado, además de proporcionar servicios de manera ineficiente y de baja calidad, tiende a quitar el excedente al consumidor, dotándole de productos que no suelen satisfacer sus necesidades a cabalidad, con la subyacente pérdida de bienestar.
Un ejemplo de esta situación se la puede apreciar en el mercado del transporte aéreo en Bolivia. Quince años atrás el único operador aéreo para las rutas nacionales e internacionales pertenecía al Estado, y al momento de su capitalización, al inversor se le aseguró por contrato la exclusividad del mercado. Como consecuencia, el servicio fue deficiente, se perdieron rutas, el país se enclaustró y finalmente la empresa quebró.
Posteriormente se abrió la opción para que un segundo operador, ahora privado, brinde el servicio de transporte aéreo. En un principio la compañía lo hizo con calidad, ampliando rutas y hasta dando cumplimiento a sus horarios. Con el tiempo, este operador privado quedó solo en el mercado, convirtiéndose en un monopolio, y en consecuencia empezó a emplear su poder para incrementar tarifas e incumplir con sus deberes comerciales y tributarios. Devino entonces la pérdida de toda calidad en la provisión del servicio, retrasos permanentes, contracción de sus inversiones y —como final conocido— también quebró.
Pareciera que la fábula se repite. Hoy en día el principal operador de aerotransporte en el país, nuevamente estatal, al no enfrentar una competencia directa en la provisión del servicio, ha iniciado la práctica del monopolista, y lo lamentable del caso es que los vicios asociados a un servicio deficiente parecen surgir. Modificación de horarios, frecuentes retrasos en la salida y llegada de vuelos, cambios de itinerarios, y —finalmente— poca consideración con los pasajeros. Como hecho anecdótico, en los días recientes las pantallas que informan los horarios de los vuelos en los aeropuertos del país exponían retrasos en todas las operaciones de la empresa. Lamentable.
Ante estos abusos, la Asamblea Legislativa está próxima a tratar dos leyes relevantes relativas a la regulación de mercados; la primera, la ley antimonopolios, que establece la sistemática extinción o estricto control de esta forma de organización industrial; y la segunda, la ley de defensa del consumidor, que define los derechos del reclamo por un mal servicio al público. Lo cierto es que, independiente al tipo de propiedad de una empresa, el Estado debiera precautelar para que la población sea merecedora de servicios de calidad. Además, debería promover la “democratización” de los mercados, porque algo de competencia, que inclusive puede ser entre dos empresas públicas, motiva a una mejora continua y ojalá la salida a tiempo de los vuelos.
