El embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, afirmó ayer que “hay una contaminación política” del caso sobre la represión policial a indígenas en Chaparina, y que la Fiscalía estableció que en su entonces condición de ministro de Gobierno no tiene responsabilidad en esos hechos, al igual que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García.
El diplomático sostuvo en una entrevista con medios estatales que como “luchador social” y comprometido con el denominado proceso de cambio estará expuesto al “escarnio” y “manipulación” en este caso de septiembre de 2011, cuando la Policía intervino la marcha indígena de Beni a La Paz en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“Lo que pasa es que ahora existe un proceso de contaminación política de este caso que aparece como una competencia para ver quién asume el protagonismo mediático de este tema”, denunció, y cuestionó que no se hable del vínculo de algunos dirigentes de la marcha con personal de la Embajada de Estados Unidos
Un contingente policial intervino la tarde del 25 de septiembre la marcha indígena en Chaparina. Agentes maniataron y amordazaron con cinta masquin a indígenas. La Fiscalía excluyó de la investigación a Llorenti, quien renunció al cargo de ministro de Gobierno.
El entonces subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, guarda detención domiciliaria. La Defensoría del Pueblo demandó a la Fiscalía incorporar al embajador en la pesquisa. Llorenti recordó que declaró y criticó la violencia ejercida en Chaparina.
