La Cámara de Diputados de Uruguay dio media sanción el martes a un proyecto de ley para regular los servicios de radio, televisión y demás medios audiovisuales con el objetivo de «garantizar» igualdad en el acceso a los servicios de comunicación.
El proyecto se aprobó con los votos de la izquierda gobernante (Frente Amplio) con 50 votos en 85 presentes, y dado que el partido de gobierno cuenta con mayoría también en el Senado es un hecho que sea sancionado.
Impulsado por el Poder Ejecutivo, el documento busca la modernización y «el fortalecimiento de la industria audiovisual nacional, la no discriminación en el acceso a la frecuencia y otros medios audiovisuales».
La norma establece límites a la concentración de medios (tres señales de radio o televisión o seis de televisión para abonados), e impide a las empresas telefónicas explotar ondas de radio o televisión.
Las licencias se otorgarán con plazos de 10 años para radio y 15 para televisión, con la posibilidad de ser renovadas por 10 años más.
«Tenemos que hacer una Ley de Medios que nos sirva para quienes estamos en el gobierno si mañana somos oposición», dijo el presidente uruguayo, José Mujica, a periodistas este martes, en simultáneo a la discusión del proyecto en Diputados.
El proyecto defiende el derecho a la libertad de expresión, prohíbe la censura previa o las «presiones directas o indirectas». A su vez, se marca el horario de protección al menor entre las 06.00 y las 22.00.
Los programas informativos «excepcionalmente» podrán incluir imágenes de violencia excesiva en casos en los que «se trate de situaciones de notorio interés público» e «incluyendo avisos explícitos par prevenir la exposición del público infantil a las mismas».
La ley creará al «ombudsman» de la audiencia, obligará a los medios a tener y difundir un código de ética y a brindar parte de su programación acompañada de sistemas de subtitulado o lengua de señas.
El texto no prevé la regulación para servicios de comunicación que tengan como plataforma internet y será la URSEC, Universidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, la encargada de controlar el cumplimiento y eventuales sanciones ante faltas a la futura ley.
