La Comisión de Ética de la Cámara de Senadores procesó, este año, cinco denuncias contra dos legisladores de la oposición y tres oficialistas. La instancia mandó el informe al pleno para que esa instancia determine las sanciones, entre las que se cuenta el desafuero.
La presidenta de esa comisión, la senadora Sandra Soriano, explicó que se analizaron denuncias contra los oficialistas Efraín Condori, Adolfo Mendoza y Fidel Surco; además de los opositores Róger Pinto y Carmen Eva Gonzales. “Los cincos casos pasaron al plenario y no estamos dejando nada pendiente para el próximo año. Las decisiones fueron tomadas en el marco de la Constitución Política y el reglamento interno. Será en una sesión del Senado en la que se definirán las sanciones”, indicó la legisladora sin fijar la fecha del debate.
Si bien la comisión remitió los informes sugiriendo las determinaciones para cada caso, aún las conclusiones se mantienen en reserva para no entorpecer el veredicto final.
Se prevé que hasta antes del inicio del receso, previsto para el 24 de diciembre, se hayan asumido decisiones.
En cuanto al senador Pinto, la instancia legislativa investigó una denuncia interpuesta en noviembre de 2012 por su suplente, Brasilda Villalobos, quien no aceptó ser habilitada para sesionar en lugar del legislador, debido a que no tuvo los beneficios económicos que un asambleísta titular tiene en el Legislativo.
Asimismo, al caso se incorporó las faltas del opositor a las sesiones desde el 28 de mayo del año pasado, cuando se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz, argumentado que era víctima de persecución política.
El proceso de Pinto no avanzó porque el senador se encontraba en una jurisdicción extranjera y no fue posible su notificación a través de la Cancillería boliviana. Pinto fugó del país hacia Brasil y su curul, mientras tanto, fue ocupada por la suplente.
Según el artículo 157 de la Carta Magna, “el mandato de asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por más de seis días de trabajo continuos y 11 discontinuos en el año, calificados de acuerdo con el reglamento”.
Sobre Fidel Surco también pesa un proceso. En abril, la comisión admitió la denuncia instaurada por el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, quien le acusó por una expresión racista concernida en las contravenciones de la normativa vigente. La misma suerte corrió Gonzales, también miembro de la Comisión de Ética, quien fue denunciada en abril por supuesta extorsión a un exfuncionario de la Asamblea Legislativa. De forma paralela se le instauró un proceso ante la Fiscalía. El senador Marcelo Antezana (CN) tomó su lugar en las sesiones del Legislativo.
En noviembre, el senador Adolfo Mendoza fue denunciado por Gonzales y la diputada Norma Piérola, luego que la aún esposa del legislador Fabiola Sandoval le iniciara un proceso por presunta agresión física, verbal y psicológica ante el Ministerio Público. El legislador negó los cargos presentados en su contra.
Denuncia no admitida
Caso
En el marco del caso Mendoza, la oposición también denunció a la presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, por presunta “complicidad y encubrimiento”, empero esta acusación fue desestimada por la Comisión de Ética.
