El Gobierno chileno presentó hoy una querella contra la mujer que el pasado viernes escupió y empujó al presidente Sebastián Piñera cuando asistía al velatorio de un sacerdote defensor de los derechos humanos durante la dictadura, informaron fuentes oficiales.
Al otro día del hecho, la mujer de 29 años, identificada como Catalina Castillo, fue dejada en libertad y sin medidas cautelares, por lo que el Gobierno decidió presentar una querella bajo la figura de «un acto de odio contra la autoridad» contemplada en el código penal.
En esa oportunidad, el tribunal determinó que la acción de Castillo se trató de «una falta» por lo cual no se requería que permaneciera en prisión mientras dure la investigación de 60 días por el delito de atentado contra la autoridad.
«Creemos que es importante hacernos parte de este proceso y buscar las sanciones que la ley ha contemplado para este tipo de actos. Aquí se ha ofendido la autoridad máxima de la república», dijo a periodistas Ítalo León, abogado del Ministerio del Interior.
El letrado destacó que «la figura penal contempla una sanción no alta, estamos hablando de una reclusión menor, pero creemos que es lo que se ajusta a la ley».
Indicó que este sábado será revisada la decisión de la Corte de Apelaciones y que el Gobierno espera que se apliquen las medidas cautelares necesarias.
El pasado 6 de diciembre y aprovechando un descuido del equipo seguridad, la mujer se abalanzó sobre Piñera para empujarlo y después escupirlo, lo que obligó al mandatario a ingresar rápido a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio obrero de Estación Central, donde estaba instalado el féretro del sacerdote Alfonso Baeza.
Baeza, con más de medio siglo de sacerdocio, fue reconocido en Chile por su labor social, especialmente después del golpe militar de 1973, cuando participó en el Comité Pro Paz y en la Vicaría de la Solidaridad, dos organismos que velaban por el respeto de los derechos humanos.
