Pese a la advertencia del Gobierno de encarcelar a los avasalladores de tierras productivas, y tras la aprobación de una ley coercitiva, la práctica ilegal aumentó en 35,29% al pasar de 85 a 115 tomas en las últimas tres semanas, en Santa Cruz.
Los productores demandan a las autoridades mayor celeridad en los procesos de desapoderamiento y la captura de los cabecillas de esta práctica. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, confirmó que en la última evaluación realizada se contabilizó alrededor de 115 propiedades intervenidas en el departamento.
Roda exteriorizó su preocupación por la continuidad de los asentamientos ilegales en la región y la escasa acción del Gobierno. “Ya está bueno de discursos, declaraciones y promesas porque nosotros necesitamos resultados reflejados en los desalojos y la aprehensión de los avasalladores”, dijo.
Encuentro. Ayer se suspendió la reunión entre el viceministro de Tierras, Jorge Barahona, y productores por la inasistencia del Gobierno. El dirigente dijo que las autoridades de gobierno pidieron una lista de los avasallamientos para analizar si el desalojo corresponde al INRA, Tribunal Agrario Agroambiental o la Policía. Indicó que dieron plazo, hasta el 20 de diciembre, para que el Gobierno presente un cronograma de desalojo de tierras avasalladas y aprehensión de autores de asentamientos clandestinos.
Demetrio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), lamentó que el sector no haya sido convocado para elaborar el anteproyecto de ley contra avasallamientos.
