El Senado aprobó ayer un proyecto de ley que crea la comisión de la verdad, una instancia de seis instituciones que podrá acceder a los secretos militares de las décadas de dictadura (1964-1982). El documento normativo pasó a la Cámara de Diputados.
Según la propuesta, esa comisión hará una coordinación interinstitucional para identificar a responsables de las violaciones a los derechos humanos, esclarecimiento y determinación de las desapariciones forzadas de personas.
Esta instancia, liderada por el Ministerio de Justicia, estará integrada por un representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd); dos delegados de las organizaciones de defensa de derechos humanos, uno del Ministerio de Defensa, otro del de Gobierno y uno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Se va a poder identificar a los responsables de las desapariciones (…). En tres años (tiempo de vigencia de la comisión) se podrá identificar los hechos luctuosos en virtud a la desclasificación de documentos”, explicó a La Razón la diputada Marianela Paco Durán (MAS).
La legisladora afirmó que una de las obligaciones principales de la comisión será pedir a las Fuerzas Armadas (FFAA) revelar la ubicación de los restos del desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y otras víctimas de las dictaduras militares.
A finales de octubre, desde Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención al Estado boliviano por tener temas pendientes respecto a la reparación de daños a los afectados de las dictaduras. Días después, el representante en Bolivia de Alto Comisionado de la ONU, Denis Racicot, sugirió crear en el país una “comisión de la verdad” para atender de forma integral a las víctimas de esos hechos.
Fines de la indagación
Casos
La comisión pedirá información de entidades públicas o privadas; recibirá denuncias, pruebas y las presentará al Ministerio Público; coordinará acciones para ubicar los restos de las víctimas y coadyuvará para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los DDHH.
