El Gobierno argentino quiere penalizar a los miembros de las fuerzas de seguridad que abandonen sus funciones, a raíz de los disturbios y saqueos producidos durante recientes huelgas policiales, cuyo saldo es 14 muertos.
Para ello la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, con un proyecto de ley para sustituir el artículo 252 del Código Penal, que será enviado al Congreso para su debate en las sesiones extraordinarias que tendrán lugar antes de fin de año.
El proyecto incorpora “penas específicas para los miembros de fuerzas de seguridad nacional, provincial y Buenos Aires, o agencias estatales armadas que por su naturaleza tuvieran a cargo el cuidado de personas”, se señala.
El decreto especifica que el objetivo es castigar a los miembros de las fuerzas de seguridad que a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados.
Además, se busca tomar medidas tras los acuartelamientos y huelgas policiales, por reclamaciones salariales, que tuvieron lugar en las últimas dos semanas y provocaron una oleada de violencia y saqueos en la mayor parte del país.
Una veintena de provincias se vieron afectadas, en especial la norteña de Tucumán. Como consecuencia suman 14 las personas fallecidas, los últimos dos casos se registraron el martes en Concordia. Fuentes oficiales señalaron además que siete policías fueron detenidos en Tucumán y puestos a disposición judicial.
