El pleno de la Cámara de Diputados, después de un debate de casi cuatro horas, sancionó el sábado el proyecto de ley contra avasallamientos y tráfico de tierras, que establece hasta ocho años de cárcel para quienes cometan esos ilícitos y procesos abreviados, según un boletín institucional de esa instancia legislativa.
La presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada, citada por el boletín, dijo que se trata de un ‘proyecto que va a resolver, al fin, el tema de avasallamientos, no sólo en lo rural, sino también en lo urbano, pero además de una forma abreviadísima’.
De acuerdo con la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (ASPP), citada por el matutino La Razón, en Santa Cruz existen 115 predios tomados y esa acción ya causa perjuicio a la producción.
La norma, que fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, está compuesta por nueve artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria.
El objeto de la futura ley es establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.
Asimismo, es objeto de la normativa modificar el Código Penal incorporado nuevos tipos penales contra ambos ilícitos en el área urbana y rural.
Entre las principales medidas, la normativa establece procesos abreviados para combatir el avasallamiento y el tráfico de tierras, los que estarán a cargo de los juzgados agroambientales y penales, cuyos procedimientos de desalojo serán de un máximo de 5 días a partir de la fecha de la recepción de la denuncia.
Asimismo, la normativa incorporará al Código Penal las figuras del ‘tráfico de tierras’, que consiste en el arriendo, negocio o donación, la compra-venta, permuta de tierras individuales o colectivas ajenas. Estas acciones tendrán penas de privación de libertad de 3 hasta 8 años.
La figura del avasallamiento consistirá en cambio en la invasión y ocupación de hecho, total o parcial, de tierras o inmuebles ajenos, individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado.
También establece que en caso de avasallamiento y tráfico de tierras cometidos contra bienes de patrimonio del Estado, el Ministerio Público deberá promover la acción penal.
