El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó ayer a Bolivia suprimir el requisito de una autorización judicial que necesitan las mujeres, víctimas de violación, incesto o estupro para someterse a un aborto terapéutico.
El artículo 266 del Código Penal boliviano exceptúa la ilegalidad del aborto en caso de que el embarazo haya sido consecuencia de violación, estupro o incesto, o que represente peligro para la madre, pero siempre y cuando se cuente con una autorización judicial.
Esta parte de la normativa fue observada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el III Informe Periódico de Bolivia, en el cual manifiesta su preocupación por la necesidad de un fallo judicial que autorice a la víctima gestante interrumpir su embarazo y el hecho de que sólo se hayan resuelto seis abortos legales en el país.
“El Comité recomienda al Estado parte (Bolivia) que suprima la autorización judicial previa en los casos de aborto terapéutico y como consecuencia de una violación, estupro o incesto, con el fin de garantizar de manera efectiva el acceso al aborto legal y seguro en dichos casos”, señala el documento al que tuvo acceso La Razón.
El principal sustento es el elevado porcentaje de mortalidad materna causado por abortos en condiciones de riesgo, y “un alarmante número de investigaciones procesales contra mujeres por aborto ilegal”, resalta el informe del Comité.
Posturas. Varias organizaciones de mujeres en favor de la despenalización del legrado cuestionaron en varias oportunidades la retardación de justicia en estos casos y la negativa de jueces que se acogen a la cláusula de consciencia.
Betty Tejada, presidenta de la Cámara de Diputados, resaltó que es muy oportuno considerar dicha recomendación porque actualmente se trabaja en la modificación del Código Penal y del Código Niña, Niño y Adolescente.
“Todo lo que sea para precautelar los derechos de las mujeres violadas, embarazadas bajo incesto o estupro, son avances y si la ONU lo recomendó, corresponde a los países miembros considerarlo y adecuar la norma”, dijo Tejada.
La diputada de Unidad Nacional Elizabeth Reyes cuestionó la tardanza de jueces para emitir sus fallos en estas situaciones y exhortó a abrir un debate para cambiar la legislación y evitar a la mujer mayores daños a su salud.
No obstante, Alberto Toto Salcedo, pastor de Ekklesía, sostuvo que es importante mantener tal autorización judicial o bien reglamentarla para evitar que se utilicen dichas situaciones como “pretexto” para abortar. “Estamos a favor de la vida y rechazamos todo lo relacionado con el aborto”.
En tanto, el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, indicó que nadie externo puede influir en un país independiente y descolonizado como Bolivia. “Las decisión es nuestra, ningún organismo externo puede ni recomendarnos ni decirnos lo que tenemos que hacer”.
