El Congreso de Perú aprobó ayer en primera votación el proyecto de ley que establece la llamada “muerte civil” para sentenciados que hayan cometido delitos contra el Estado y que, habiendo recobrado su libertad, no hayan cumplido con pagar su indemnización civil correspondiente.
La segunda votación del proyecto oficialista en el Congreso (unicameral) se realizará la siguiente semana, según informó el diario El Comercio.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, estos deudores al Estado estarán impedidos de asumir cargos por elección popular, contratar con el Estado o trabajar en alguna dependencia pública, mientras no paguen su deuda.
Iniciativas. La norma crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado, que estará a cargo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia.
El proyecto de ley es impulsado por el oficialismo entre otras iniciativas para luchar contra la corrupción, como la imprescriptibilidad de estos cargos y la ley de pérdida de dominio para el decomiso de patrimonio a organizaciones criminales, reportó EFE.
La corrupción en Perú genera anualmente pérdidas por $us 3.500 millones, lo que representa el 2% del Producto Interno Bruto, dijo el 25 de septiembre el jefe del organismo de control y fiscalización del Estado, Fuad Khoury, según AFP.
