Hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que ser conscientes de que nuestro país debe continuar llevando adelante una serie de cambios y transformaciones trascendentales para poder estar en concordancia con su propia realidad y también con los tiempos actuales que estamos viviendo. Uno de los grandes desafíos que debemos encarar como país es el superar definitivamente las viejas lógicas y las viejas estructuras históricas, políticas y sociales heredadas de un modelo anacrónico que muchas veces ha rezagado en el tiempo a nuestro Estado.
En razón de lo anterior, resulta incongruente que en pleno siglo XXI, cuando se deben afrontar cambios para el futuro, el líder de un movimiento político que está queriendo ingresar a la carrera electoral plantee, como parte de su agenda, restaurar a través de un proceso constituyente un conflicto histórico, político y regional entre dos departamentos de Bolivia, que data de finales del siglo XIX (Guerra Federal Boliviana, 1898-1899), como es la “Capitalidad de Bolivia”, problema que se superó tras largas y dolorosas jornadas de debate y confrontación y que concluyeron con la incorporación de un texto en el Art. 6 de la norma constitucional, que señala: “Sucre es la Capital de Bolivia”.
Sin embargo, más allá de lo que se señala, también sorprende que en una especie de réplica sísmica sea el líder de un movimiento político regional ajeno a los departamentos involucrados, y que también se encuentra transitando en las lides electorales, quien haga eco de esta peligrosa propuesta de discutir nuevamente los pormenores de este necrosado conflicto.
Es entendible que en una lógica histórica y política se deba mirar hacia atrás para no repetir los errores del pasado, pero no por aquello se debe pretender reavivar, a través de un proceso constituyente, una discusión estéril que difícilmente va a llegar a un consenso, y que sólo va a reabrir viejas heridas del pasado, avivando pasiones regionales y despertando rencores históricos sin solución.
Por todo lo señalado, los liderazgos políticos que pretendan dirigir nuestro país en el futuro deberán pensar seriamente cómo llevar adelante diálogos en consenso, que permitan desarrollar políticas acordes con un Estado en proceso de transformación, que amplíen la base de legitimidad del Estado incorporando definitivamente a los sectores excluidos, pero principalmente que hagan una realidad las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que requiere la Bolivia del siglo XXI, dejando de lado definitivamente esa vieja discusión que nació de una guerra intestina de nuestro país en el siglo XIX, y que sólo ha generado confrontación, resentimiento y penas para nuestro pueblo.
