El Gobierno de Argentina defendió hoy el acuerdo firmado con Irán para esclarecer el atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, de Buenos Aires, luego de que el fiscal a cargo de la investigación lo calificara como «un atropello» a los derechos y garantías constitucionales.
El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que el memorando de entendimiento firmado con Irán «es una herramienta de cooperación internacional puesta a disposición de la Justicia para que avance en una investigación penal que está próxima a cumplir 20 años, que aún no ha dado respuestas ni a las víctimas ni a la sociedad».
«En una investigación penal de estas características no puede existir, y mucho menos justificarse, temor alguno a que las pruebas sean puestas sobre la mesa y en conocimiento de todos», sostuvo Alak en declaraciones difundidas por la agencia oficial Télam.
El ministro aseguró que «bajo ningún punto de vista puede utilizarse el memorándum como un impedimento para que los funcionarios judiciales pongan en conocimiento de la sociedad y de las partes todas las pruebas y medidas que promuevan un avance concreto de la investigación».
Este miércoles, el fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, había afirmado en una presentación ante el juez de la causa que el acuerdo constituye «una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva de la función judicial» y «un atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional».
El memorándum, firmado en enero pasado, prevé la revisión de toda la documentación de la investigación del atentado a la AMIA y la creación de una comisión integrada por cinco juristas internacionales que elegirán ambos países.
Precisamente, Nisman se opone a la creación de ese ámbito, al que calificó como «un falso observador internacional», por considerar que el órgano que observa no puede ser el mismo que tome declaración a los acusados o revise las pruebas.
Alak señaló hoy que «de ninguna manera puede interpretarse que la Comisión de la Verdad tenga alguna facultad o función jurisdiccional que entorpezca la labor de las autoridades judiciales locales».
«Esa función no la tiene esta comisión ni ninguna de similar naturaleza que, justamente, se han creado y utilizado en muchos casos en todo el mundo cuando las vías jurisdiccionales no alcanzaban resultados concretos», señaló el ministro.
Recordó que, tal como lo establece el memorando, los informes de la Comisión de la Verdad no serán vinculantes, «sino meras recomendaciones a los Estados».
«Ni siquiera estarán dirigidos a las autoridades judiciales locales», dijo el ministro.
El atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, causó 85 muertos y 300 heridos, y fue el segundo contra un espacio judío en Argentina. Dos años antes explotó una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires que causó 29 víctimas fatales.
La comunidad judía atribuye a Irán y a la organización Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.
