El coordinador general del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), Alfonso Parrado, informó el jueves que 53 procesos penales están en curso en contra de aquellas empresas que incumplieron los contratos que se adjudicaron.
‘A nivel nacional tenemos alrededor de 53 procesos penales, entre empresas constructoras, vendedores de terreno, dirigentes de algunos proyectos que también se quisieron aprovechar y en algún caso ex autoridades del Ministerio de Vivienda y del PVS’, manifestó.
La autoridad estatal explicó que las acciones penales fueron iniciadas por proyectos no ejecutados entre el 2008 y el 2009, pero lamentó que el sistema judicial sea ‘demasiado vueltero e ineficiente’ porque a la fecha no se cuenta con sentencias condenatorias.
Añadió que las causas de los incumplimientos fueron que los dueños de las empresas no invirtieron de manera correcta los recursos económicos erogados y dejaron inconclusas varias obras.
‘Las empresas perdieron un poco el Norte y pensaron que estaban en épocas anteriores y que podían estafar al Estado’, complementó.
Según Parrado, los problemas detectados hicieron que el 2010 se inicie una campaña ‘agresiva’ de disuasión para la ejecución de proyectos, que – según sus datos – tuvo éxito en un 80% de casos.
Dijo que esa medida en cifras hizo que más de 53.000 de 60.000 viviendas programadas hayan sido culminadas o estén programadas para entrega hasta diciembre del presente año.
‘Tenemos una eficacia de alrededor del 88%, lo que no es desdeñable sobre todo viendo la dispersión en la que se construyeron las viviendas’, mencionó.
Asimismo, Parrado dijo que entre los casos surgidos se solucionó de manera provisional un conflicto surgido con la empresa Tucons, que debió construir 809 viviendas en los municipios de Mizque, Punata y Arani, del departamento de Cochabamba.
La acción tomada, agregó, hizo necesario efectuar un ‘corte’ que permitió concluir el 80% de las casas comprometidas en las dos primeras regiones.
La intervención consiguió culminar 99 de 132 inmuebles en Arani y 348 de 437 en Mizque.
‘En Punata no fue posible y los recursos económicos previstos fueron revertidos al fideicomiso del programa y no se hizo 240 viviendas’, indicó.
Un problema similar se presentó también en el municipio de Independencia, puesto que la empresa Cocecoc no construyó 1.017 viviendas y devolvió un 50% del presupuesto, pero está en un proceso porque debe el resto de los recursos económicos erogados, concluyó la autoridad.
