Bolivia tiene una destacada normativa sobre medio ambiente, pero hace falta pasar al terreno práctico y lanzarse en su aplicación, afirmó hoy en La Paz el fiscal jefe de Medio Ambiente español, Antonio Vercher.
«Me da la impresión de que normativa e institucionalmente el sistema no está mal, pero hace falta pasar al terreno práctico», declaró hoy a Efe Vercher, tras participar en el segundo día de un seminario internacional sobre derecho medioambiental.
Vercher y otras autoridades judiciales españolas asisten hoy con altos funcionarios bolivianos al segundo día del foro, patrocinado por la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Vercher enfatizó que el organigrama del Tribunal Agroambiental de Bolivia y del Ministerio de Medio Ambiente y el cúmulo de normativa «están muy bien», pero hay que revitalizar el sistema dejando atrás las perspectivas ya fenecidas para asumir las nuevas.
También destacó la importancia de la especialización de la Fiscalía ante la complejidad «brutal» de la normativa ambiental, pues, por ejemplo, se calcula que en España «hay doctrinalmente como unas 20.000 normas», volumen que puede ser similar en otros países.
En su disertación, sostuvo, además, que «los Estados tienen miedo a reconocer el derecho medioambiental como un derecho fundamental» y en ese sentido Bolivia «ha dado un paso trascendental», según indica un comunicado de la Aecid.
Para el fiscal jefe de la Fiscalía de Medio Ambiente de España, el derecho medioambiental se debería incluir «como derecho fundamental en la Constitución» a pesar de todas las dificultades que pudieran plantearse por la propia naturaleza de la materia que le compete.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, a cargo de Vercher, fue constituida en 2006, año en que se incoaron 2.655 diligencias de investigación y se consiguieron unas 300 sentencias de condena.
En 2012, hubo 799 sentencias de condena y 389 sentencias absolutorias. El magistrado especialista contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Santiago de Andrés, aconsejó a Bolivia desarrollar una ley procesal con especificaciones para la jurisdicción contencioso-administrativa porque hay temas de medio ambiente que pueden tratarse en esta área.
«Comprendo que es difícil porque esto crea tensiones porque en definitiva la jurisdicción contencioso-administrativa es la encargada de controlar la actuación administrativa, la actuación del poder político», dijo De Andrés.
Muchos pleitos en medio ambiente se relacionan con licencias, concesiones e infracciones en la actuación de la Administración, «que debe someterse al imperio de la ley», acotó el magistrado.
Germán Gutiérrez, uno de los fiscales españoles de Medio Ambiente, relató en su conferencia el carácter de las penas aplicables, tanto para personas jurídicas como físicas, y refirió las dificultades que aparecen para evaluar con objetividad los delitos ambientales.
«Se trata de avanzar pasito a pasito. Hemos aprendido mucho también de las sentencias absolutorias, para saber qué es lo que faltaba en nuestra acusación para que se concretara en una condena», agregó Gutiérrez.
Los tres juristas coincidieron además en la necesidad de independencia para el ejercicio del derecho medioambiental, como una condición indispensable.
