Cinthia tenía un sueño, llegar a ser policía. Era la abanderada de su colegio. Muy estudiosa, dice su mamá, le gustaba la química y las matemáticas. En 2014, a sus 24 años, esperaba graduarse de subteniente y tal vez llegar a ser general de la institución verde olivo. Con esto cumpliría el lema que la acompañó toda su vida: “querer es poder”.
Pero Cinthia quiso y no pudo porque una institución, cuya misión es velar por la seguridad de toda la sociedad, no cumple su compromiso cuidando a sus propios cadetes. ¿Cómo les decimos a nuestros jóvenes que no realicen sus sueños profesionales, porque podrían poner en riesgo su vida? ¿Cómo podemos confiar nuestra seguridad a la Policía Boliviana si no logra que los propios uniformados sobrevivan? ¿Cómo creer que la Academia Nacional de Policías (Anapol) está formando defensores de la seguridad ciudadana si es liderada por personas que no respetan la vida? No volvamos a mencionar que los problemas de la Policía se deben a falta de recursos económicos o infraestructura; hay algo muy podrido en el corazón de la institución y hay que detenerlo.
En los últimos tres años, en recintos policiales y militares ya tenemos que lamentar más de 25 muertes. Y nadie, absolutamente nadie, está cumpliendo condena por esto. Los presuntos responsables del fallecimiento de Cinthia pasaron tan sólo ocho horas detenidos y ya fueron liberados. Y en la Policía y el Ejército nada cambia, las instituciones continúan vulnerando el derecho a la vida y nosotros, los ciudadanos, continuamos saliendo a las calles sin la más mínima confianza en quienes —pagados por nuestros impuestos— tienen la función de cuidarnos.
No hay nada claro en las circunstancias en que Cinthia ha muerto. Los medios de comunicación nos han transmitido tres hipótesis. La familia de la víctima asegura que murió a causa de violencia física. Otra versión sostiene que el deceso puede ser a consecuencia de un medicamento que avivó una crisis asmática. Por último, el Jefe de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen informó que la cadete Poma perdió la vida por asfixia causada por broncoaspiración.
En cualquiera de los casos se trata de una muerte que pudo ser evitada y tiene responsables. Ya sea por violencia física, por no prestar auxilio oportuno o por mantener prácticas institucionales que violan todos los derechos humanos, detrás del deceso de Cinthia hay culpables. Y las circunstancias nos hablan de feminicidio, ya que, como lo denuncia la diputada Benancia Gutiérrez, además de Cinthia hay tres cadetes internadas por violencia física. Esto no es un accidente y no puede ser una simple coincidencia que cuatro mujeres lleguen al hospital, una sin vida, al intentar pasar un examen en la Anapol.
Por todo esto, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, nos debe una explicación. Y mejor si va acompañada con acciones concretas que busquen prevenir estos hechos. Una intervención ejemplar en este momento puede hacer que recordemos por siempre su gestión pública. También demandamos que el comandante Nacional de la Policía, general Alberto Aracena, ejerza un liderazgo transformador. Él también fue cadete y estoy segura de que sueña con una institución a la que toda la ciudadanía quiera y respete. No esperemos el próximo motín policial, por maltrato a la tropa, para dar soluciones estructurales.
Por su parte, el director de la Universidad Policial (Unipol), general Guido Arroyo, y el director de la Anapol, coronel Augusto Russo, deben asumir la responsabilidad de tener en sus manos la formación de los futuros policías y plantear una profunda reestructuración de estos centros de formación. Esto es lo mínimo que como sociedad debemos a la familia de Cinthia Poma.
