El dirigente cívico de Villamontes, Tarija, Felipe Moza cumplió hoy cinco año de reclusión como detenido preventivo en el penal de San Pedro de La Paz, a pesar de que el ordenamiento jurídico nacional prevé que la detención preventiva no puede extenderse por más de tres años. Moza fue detenido bajo las sospecha de haber participado en el atentado a un gasoducto en 2008.
Diputados opositores denunciaron que el hecho es ilegal y viola los derechos humanos porque que en el tiempo transcurrido no se le inició el juicio por falta de pruebas, evidencias y testimonios.
La diputada Melva Arce, de la opositora Convergencia Nacional (CN) envió una carta al Denis Racicot, representante de la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que esta instancia haga el seguimiento respectivo a este caso y se pueda restituir las garantías constitucionales al cívico tarijeño.
«Cada semana le enviaremos una carta al señor Racicot con similar contenido hasta que su oficina se pronuncie. No es posible que una oficina, como la de Naciones Unidas, esté en un silencio cómplice en el caso de don Felipe Moza. En este caso se han suspendido más 80 audiencias sin ningún control de jueces y obviamente sus derechos están absolutamente vulnerados», afirmó la diputada opositora.
En Tarija, Demetrio Moza hermano del cívico chaqueño reveló que la familia atraviesa graves dificultades económicas por la ausencia de Felipe. Demetrio, por su adversa condición física y su madre de avanzada edad se ven imposibilitados de generar recursos.
«Le ley es injusta, se sé si será algún ministro o algo que traba cada vez que se va a llevar a cabo sus audiencias, se suspenden. Él se siente muy preocupado, es lamentable», afirmó el hermano de cívico detenido.
