El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dice que cada juez atiende de 1.500 a 2.000 casos penales. Advierte que en el departamento deberían haber 300 juzgados. Asegura que los administradores de justicia avanzan para evitar la retardación de justicia. Dice que en 2012 se dictaron 80.000 sentencias y resoluciones, mientras que en lo que va de este año ya se emitieron 100.000 condenas
— ¿Cuántos juzgados necesita el departamento de La Paz para evitar la mora procesal?
— En el departamento de La Paz necesitamos 300 juzgados. Actualmente hay 190 juzgados y tenemos un déficit de 110 juzgados para igualarnos al trabajo que hacen en el interior del país. En materia cautelar necesitamos de 25 a 30 juzgados para hacerle frente a la carga procesal, esto sólo en la ciudad de La Paz, donde tenemos 14 juzgados.
— ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene en El Alto?
— En El Alto es peor, hay un nuevo fenómeno social que se da porque no hay mucho divorcio, pero sí mucha asistencia familiar por lo que deberíamos tener unos juzgados de familia, unos 20 por lo menos, para hacer frente a la cantidad de procesos que existen, ya que actualmente se cuentan con cuatro juzgados de ese rubro.
— ¿Qué avances se han logrado en la lucha contra la retardación de justicia?
— Se superará el 50% de la retardación de justicia. Esto porque hay un trabajo tangible que la población tiene que conocer, además que ésta es una respuesta a los poderes políticos.
— ¿Este avance, en números absolutos, a cuánto llega?
— En 2012, en cuanto a sentencias, autos interlocutorios y resoluciones se emitieron 80.000 y en esta gestión a octubre van más de 100.000 y se espera superar esa cifra.
— ¿Qué ayudó a esa baja en la retardación de justicia?
— Un factor que ayudó a reducir la retardación de justicia son las audiencias conclusivas y de cesaciones de detenciones en los penales, ya que se realizan regularmente hasta seis audiencias por día, a pesar de la falta de infraestructura y equipamiento para efectuar los procesos, pues faltan computadoras, papeles y otros insumos en la cárcel de San Pedro.
— Se dijo que no se realizan audiencias en el penal de San Pedro, ¿es cierto?
— Se realizan las audiencias, sólo que los detenidos no van a sus audiencias porque saben que avanzará el juicio y con eso ya podrían ser sentenciados. Esto se da porque cuando hay responsabilidad las personas, incluso dentro del penal, no van a sus procesos y se ocultan, ya que los policías no tienen control dentro del penal.
— ¿Qué factores provocan la tardanza en la justicia?
— El propio Estado genera la retardación, esto porque creó una audiencia conclusiva por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, supuestamente para sanear el proceso penal, pero lejos de sanear se convirtió en el cuello de botella porque meses y años están con esta audiencia, además que se presentan apelaciones e incidentes.
Otro factor son los nuevos delitos que se crearon desde 2006, como en temas de violencia intrafamiliar, que han sumado una importante carga a los juzgados de materia penal y, en contraparte, el Estado no aumentó el presupuesto.
El más importante es que el país sufre el problema de inserción social, que es bueno, pero si antes había conflictos éstos se los soslayaba con el diálogo. Ahora todo es juicio, parece que la sociedad se estaría volviendo pleitista. Aumentaron las demandas.
— ¿Cuántos procesos tiene en su poder un juzgado?
— Imagínese, en un juzgado de instrucción penal se lleva entre 1.500 y 2.000 causas.
Perfil
Nombre: Iván Campero Villalba
Profesión: Abogado
Cargo: Presidente del Tribunal de Justicia de La Paz
Abogado y docente
Iván Campero fue elegido presidente del Tribunal Departamental el 14 de abril de 2012 y, de acuerdo con la Ley del Órgano Judicial, debe permanecer en el cargo hasta el 14 de abril de 2014. Recientemente recibió el título de doctor honoris causa en Buenos Aires (Argentina).
Obtuvo su título de abogado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Se especializó en Derecho Laboral en México y España. Hizo una maestría en Derecho Social en la Universidad Alcalá de Henares (España). Fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo. Impartió clases académicas en México, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Venezuela, entre otros.
