Desde que el Ejecutivo promulgó el decreto que contempla el pago de un segundo aguinaldo, las reacciones de múltiples sectores no se dejaron esperar, empezando por los empresarios privados de todo tamaño; pasando por los jubilados, analistas, choferes; hasta las caseras de los mercados y todo aquel que tuviera un argumento a favor o en contra sobre el beneficio.
Transcurridos diez días de su promulgación, que en esencia pretende ser un mecanismo de redistribución de riqueza hacia los trabajadores y asalariados por un desempeño económico positivo del país en su conjunto, esta medida se ha constituido en una fuente de objeciones, protestas y hasta amenazas por parte de los sectores que son o se sienten excluidos del segundo aguinaldo. Y ante esta avalancha de reclamos, el Gobierno ha decidido flexibilizar algunas condiciones de pago. Esto evidencia que la decisión no fue del todo blindada y que sí presentaba fisuras en su ejecución.
Más allá del bullicio ocasionado y la reconsideración de las autoridades para diferir el pago, se puede constatar que esta acción gubernamental ha generado efectos sistémicos poco positivos en la economía; e incluso puede parecer contradictoria frente a la gestión controlada de las variables macroeconómicas que se ha manifestado hasta ahora.
Además, se percibe como una medida que expuso las limitaciones sobre el conocimiento de la naturaleza de la gestión empresarial, y que de parecer una acción de inclusión consistente, se podría diluir en una reglamentación que posiblemente neutralice los efectos esperados originalmente.
Los resquicios de esta determinación se hacen notorios en el grado en que el Gobierno trata de complacer a todas las partes y mostrar que los posibles daños colaterales son marginales. Primero se anunció que el pago del segundo aguinaldo no será inflacionario; sin embargo, dos días después, el Banco Central anunció que emitirá bonos al 6% para retirar liquidez (poder de consumo) y así contener la subida de precios de bienes; finalmente esta determinación encarece el crédito, lo que lleva a una reducción de efectivo disponible para las empresas, y presiones para que ajusten el precio de sus productos hacia arriba. Lo contradictorio es que el Ejecutivo facilitará el acceso a créditos de liquidez a las empresas que no cuenten con el flujo necesario para pagar un segundo aguinaldo, flexibilizando la normativa de previsiones crediticias.
Este es un ejemplo de posibles consecuencias en el espectro económico respecto a cómo la iniciativa del pago de un aguinaldo adicional, por más justo que sea para un grupo, va en desmedro del conjunto de la población. El 28 de febrero posiblemente se perciban más réplicas económicas, plazo final para que el sector empresarial privado honre con el aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” a sus trabajadores.
