El proyecto del nuevo Código Procesal Penal de Bolivia prevé la sanción con arresto a los abogados que dilaten innecesariamente (chicaneros) los juicios, además de cárcel para jueces y fiscales que incumplan con los plazos procesales establecidos.
El 18 de diciembre, cuando evaluó la administración de la justicia en el país, el vicepresidente Álvaro García criticó esta labor y dijo que todavía está “muy mal”. Por ese motivo pidió castigar con cárcel a los jueces y fiscales que retarden las audiencias de juicios a través del código citado.
El proyecto Código Procesal Penal fue redactado por autoridades del Ministerio de Justicia junto a representantes del Órgano Judicial. El documento fue enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación, informó la ministra del área, Cecilia Ayllón.
Castigo. “En realidad los abogados que llamamos ‘chicaneros’ van a merecer multas fuertes e incluso arrestos (en celdas) cuando realicen una actividad fuera de lo normal, cuando no haya lealtad procesal. Por esa causa serán arrestados y multados cuando hagan ese tipo de actividad”, advirtió la autoridad de gobierno. También informó que dentro de la normativa se sanciona con privación de libertad a los fiscales y jueces que no cumplan con el tiempo establecido para los procesos judiciales.
“Mucha gente ha criticado que ese tipo de sanciones esté en el código procesal, pero está el incumplimiento de plazos, que genera responsabilidad y eso se lo ve en dos planos, en el ámbito disciplinario y en el ámbito penal, como delito, por lo que obviamente cualquier autoridad que no cumpla esos plazos, irá a la cárcel si no justifica de manera adecuada el cumplimiento de los plazos”, manifestó.
Agregó que la normativa ya pasó a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, también señaló que fue una de las normas más difíciles de trabajar, si se toma en cuenta que la mentalidad que existe en los juristas será un obstáculo para la aplicación de la ley.
Para la Ministra de Justicia, una solución sería descolonizar el derecho y nacionalizar la justicia, con el objetivo de que ya no haya el pensamiento malo. “Hay una gran posibilidad de que se cambien las currículas en las universidades en las facultades de Derecho, como por ejemplo lo hará la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés”, adelantó.
El 23 de diciembre, el fiscal departamental de La Paz, José Ponce, aceptó que se castigue a fiscales o jueces que no cumplan con los plazos procesales y provoquen retardación de justicia en el país. Sugirió también que dentro de la norma deberían estar incluidos los abogados, claro que no todos, que presenten apelaciones, excepciones o recusaciones solo con el objetivo de retrasar los procesos.
El lunes, Gualberto Cusi, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, advirtió que hay injerencia política en la administración judicial, hecho que no permitió que la justicia pueda recuperar la confianza de la población y terminar con la retardación de justicia. Agregó que actualmente la justicia vive una crisis y anda de mal en peor, por lo que “está a punto de morir”. Esta posición fue rechazada por la Ministra de Justicia.
Retardación de justicia
Proceso
En agosto de 2013, el presidente Evo Morales reveló que más del 80% de los privados de libertad en las cárceles del país carece de sentencia ejecutoriada y que, por tanto, está detenido preventivamente.
