El expresidente del Estado y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que el denominado “lawfare” está llegando a Bolivia y que, con su uso, se busca “arrebatar” la sigla de su partido.
“El #lawfare está llegando a Bolivia. Así como sucedió con #Lula en Brasil, con #Cristina en Argentina y con #Rafael en Ecuador, se pretende utilizar al Órgano Judicial, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral para #proscribir o arrebatar la sigla del MAS-IPSP”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).
El lawfare es un neologismo inglés que se comenzó a usar en los últimos años en nuestra región. A menudo es usado como una manera de interpretar y deslegitimar los juicios por corrupción contra los expresidentes.
Fue el caso de los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasi; Rafael Correa, de Ecuador y la argentina Cristina Fernández de Kirchner, que denunciaron el uso de la Justica de sus países en su contra.
Evo Morales
En el caso de Morales, acusó al Gobierno de activar un supuesto “plan negro” en su contra y que quiere “materializarlo” con la Sentencia Constitucional 1010/2023, del 29 de diciembre, que elimina la reelección presidencial indefinida y que, además, declara que no es un derecho humano.
Los sectores que respaldan al líder del MAS vieron amenazadas las pretensiones electorales de Morales, a quien proclamaron como “candidato único” de esa fuerza en un cuestionado congreso nacional, en octubre del año pasado.
Incluso, Morales dijo que el Gobierno busca proscribirlo políticamente y también al MAS.
“De consumarse, sería un grave atentado contra la #democracia y contra el movimiento popular #boliviano”, agregó Morales en su publicación.
Las declaraciones de Morales coinciden con un bloqueo propiciado por sectores que lo respaldan. Precisamente, la medida exige la renuncia de los magistrados y cuyo mandato fue prorrogado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); su mandato concluía el 2 de enero de este año.
Desde el Gobierno, denunciaron que esa protesta solo es una excusa para “desestabilizar” al Gobierno y “acortar” el mandato del presidente Arce.
