El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Iván Campero, cuestionó que en 2013 no haya existido coordinación entre esa instancia y la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar leyes destinadas a la administración judicial.
Las declaraciones las hizo ayer, tras el acto de inauguración del Año Judicial en La Paz, suceso en el que también participaron Maritza Suntura, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y Francisco Tarquino, representante departamental del Consejo de la Magistratura.
“Con el Ministerio de Justicia coordinamos el tema del Código Procesal Penal y se lo hizo de manera permanente, pero en otras normas no. Luego, particularmente con la Asamblea Legislativa Plurinacional, no hemos tenido (ni) un contacto y eso nosotros lo hemos extrañado”, cuestionó Campero en rueda de prensa.
Sostuvo que si no se toma en cuenta la posición de los operadores de justicia, en el momento de dictar leyes judiciales por el Órgano Legislativo, la consistencia de las normas que se llegan a promulgar se relativiza.
“Pedimos y solicitamos a los niveles de decisión de los poderes públicos, del Estado, que permitan la participación del Órgano Judicial y difusión de la experiencia de los magistrados y vocales, ya que hará que esos códigos tengan mayor solidez y, lógicamente, que la población pueda merecer mejor justicia”, señaló Campero.
La autoridad judicial también aseguró que este año se trabajará a pesar del bajo presupuesto que se le asigna a este órgano estatal, hecho que causa retrasos en el trabajo de los operadores de justicia en el departamento.
Campero sugirió cinco puntos para encarar de manera estructural la falta de coordinación y otros problemas en la Justicia, en las que se debe construir un acuerdo nacional por la nueva administración, sobre la base de los distintos diagnósticos realizados en relación a las debilidades, amenazas, oportunidades y potencialidades detectadas, y se comience un proceso de reingeniería legal con la participación activa y efectiva de todas las instituciones del Estado y también de la sociedad.
Entre las sugerencias, acotó, está que la Asamblea contribuya a evitar la aprobación de una batería de leyes que penalizan excesivamente el camino de la resolución de los conflictos y las controversias de la sociedad. Indicó que la Policía debe profundizar su rol investigativo y de acumulación de pruebas con metodologías y técnicas científicas que agilicen la resolución de casos.
Apuntó que el Ministerio de Justicia debe coadyuvar con las tareas que le permiten sus facultades constitucionales y legales, tales como el fortalecimiento de los sistemas de Defensa Pública y que el Ministerio de Gobierno debe tener la responsabilidad de atender a régimen penitenciario y a la seguridad ciudadana, con ejecución de políticas que resuelvan conflictos.
