Un juez español imputó hoy a la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, por presuntos fraude fiscal y blanqueo, abriendo un año sombrío para una Corona debilitada por los escándalos y los problemas de salud del monarca.
Es la primera vez que un miembro directo de la familia real se ve implicado en la investigación por corrupción que pesa desde 2011 sobre Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta.
Urdangarin, excampeón olímpico de balonmano reconvertido en hombre de negocios, de 45 años, es sospechoso junto a su exsocio Diego Torres de malversar 6,1 millones de euros de fondos públicos mediante el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que presidió de 2004 a 2006 y en cuya junta directiva participaba la infanta.
Cristina, de 48 años, es también copropietaria, junto a Urdangarin, de la empresa Aizóon, sospechosa de haber servido de pantalla.
El juez José Castro de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, que instruye el caso Nóos desde 2010, desoyó la oposición de la fiscalía a imputar a Cristina por «supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales». Y la convocó a declarar el 8 de marzo en Palma.
Tras la noticia, la Casa del Rey se limitó a expresar su «respeto a las decisiones judiciales».
Una imputación que llega en horas bajas para la monarquía
La imputación de la infanta llega en el peor momento para el rey Juan Carlos, que el domingo cumplió 76 años y el lunes apareció visiblemente cansado, apoyado en dos muletas y vacilante en su discurso con motivo de la Pascua Militar, su primera aparición pública tras su última operación -la novena desde 2010- el 21 de noviembre.
Este sombrío 2014 comienza también con un nuevo sondeo desastroso, publicado el domingo por el diario de centro-derecha El Mundo: un 62% de los españoles quieren que el monarca abdique y sólo la mitad (49,9%) respalda la monarquía, una caída de cinco puntos en los últimos 12 meses.
El único respiro, según esta encuesta, vendría del príncipe Felipe, de 45 años, del que 66% de los encuestados tienen una opinión «buena o muy buena» y 57% piensa que podría mejorar la imagen de la monarquía, restaurada en España tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Sin embargo, en su mensaje televisado de Nochebuena, el monarca volvió a dejar claro que no dejará el cargo: «Quiero transmitiros como rey de España mi determinación de continuar en el desempeño fiel del mandato», afirmó.
Ante el monarca, símbolo de la unidad del país, se presenta este año la difícil tarea de mediar en el conflicto entre el gobierno central de Mariano Rajoy y el ejecutivo regional de Artur Mas, determinado a convocar en noviembre un referéndum de independencia de Cataluña, al que Madrid se opone. El procedimiento contra la infanta Cristina sigue a una denuncia presentada por la asociación ultraderechista Manos Limpias, famosa por haber originado grandes juicios, como el de 2012 contra el exjuez Baltasar Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo.
El magistrado ya había imputado a la infanta en abril, entonces por presunto tráfico de influencias, pero esa decisión fue anulada por un recurso de la fiscalía, que consideró insuficientes los indicios.
Castro abrió entonces una nueva investigación, estudiando minuciosamente sus declaraciones fiscales y cuentas bancarias y escrutando los más mínimos gastos de viaje, restaurantes o fiestas.
Mucha de esta información se filtró en la prensa, causando a la Casa Real lo que su jefe, Rafael Spottorno, calificó el sábado como «un martirio».
Muchos españoles, asfixiados por la crisis económica, ya se habían indignado cuando en abril de 2012 se conoció, a raíz de un accidente, que el rey Juan Carlos había realizado un costoso viaje a Botsuana para cazar elefantes.
El caso reveló un tren de vida chocante para un país con 26% de desempleo y llevó al monarca a presentar unas inéditas disculpas públicas.
En un esfuerzo por limitar los daños, Urdangarin había sido apartado tras su imputación de las actividades oficiales de la familia real, que decidió publicar sus gastos por primera vez e integrar voluntariamente una nueva ley de transparencia de las instituciones recientemente aprobada por el Parlamento. La infanta se mudó en 2013 a Suiza con su familia por motivos de trabajo.
