Jueces penales de La Paz han emitido órdenes de aprehensión contra reclusos del penal de San Pedro. Esta extraña decisión, que parece una inocentada con varios días de desfase (metafísica popular, diría algún cantautor stronguista) se explica, en parte, por la negativa de los reos con detención preventiva a asistir a las audiencias judiciales que, desde hace algunas semanas, tienen lugar dentro de las mismas cárceles.
Esto con el propósito de evitar que se dicte una sentencia en su contra, pues la ley establece que ninguna persona puede permanecer tras las rejas más de tres años sin condena (plazo que por cierto rara vez se cumple); lo que abre la posibilidad de que algunos presuntos delincuentes salgan libres. De allí que algunos jueces, en un afán por demostrar que no son ellos los principales responsables de la retardación de justicia, sino (en algunos casos) los propios acusados, se hayan decantado por esta “redundancia” carcelaria.
Más allá de la anécdota, estas extrañas determinaciones (al igual que, por ejemplo, la octava recusación presentada por el exfiscal Marcelo Soza para dilatar el proceso en su contra por extorsión) ponen nuevamente en evidencia que la justicia penal boliviana adolece de múltiples deficiencias, que en la práctica la hacen complicada, contradictoria e ineficaz, y cuyo resultado es la retardación y la mora judicial.
