En pasados días, la flamante ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, declaró con mucha sinceridad de que “fue un desacierto la elección judicial (por voto ciudadano)”; y la interpretó como el gran fracaso del Poder Judicial en el Estado Plurinacional. Esta declaración tuvo reacciones inmediatas de las principales autoridades del Órgano Judicial, entre éstas la Presidenta del Consejo de la Magistratura, que objetaron la declaración de la ministra.
A mi entender, la elección de los jueces a través del voto ciudadano no es un error, sino más bien un gran avance; pero el gran problema es bajo qué óptica, bajo qué mentalidad o bajo qué escuela de pensamiento jurídico se apuesta administrar la justicia plurinacional. Vemos hoy con mucha alegría que una “mujer de pollera” (Cristina Mamani) esté encabezando el Consejo de la Magistratura y que otros hermanos provenientes de comunidades indígenas del país, como Gualberto Cusi o Bernardo Guarachi, ocupen cargos jerárquicos en otras instituciones judiciales.
Sin embargo, a pesar de este avance simbólico, el gran problema es que se sigue apostando por la herencia jurídica colonial y su remozamiento positivista, que en los hechos es un rotundo fracaso y está a punto de hacer colapsar la administración de la justicia en el país. Es probable que estas autoridades electas de raigambres aymaras y quechuas hayan tenido —o aún tengan— algunas intenciones de cambiar la apuesta jurídica occidental por las que existen en los ayllus y comunidades, llamada justicia comunal. No obstante en los hechos no lo pueden hacer, porque el marco jurídico nacional impuesto en la Constitución Política del Estado plurinacional es el derecho positivo, aunque en la misma Carta Magna se mencione el reconocimiento del derecho comunitario, pero en la práctica seguimos siendo un país con fuerte hegemonía del derecho positivista occidental.
A pesar de la buena voluntad de algunas autoridades judiciales de cambiar la administración de justicia, en los hechos no hemos cambiado casi nada. Sigue habiendo corrupción, retardación de justicia, chicanerías, abogados vinculados con el hampa, en fin, ¿qué hacer frente a esta realidad jurídica? Casi siempre se escucha decir “que es complejo el problema”. Otros quieren solucionar el problema a través de la capacitación de los nuevos jueces; es decir, todas bajo la misma lógica heredada. Pero en estas posibles soluciones no se toma en cuenta la formación de los estudiantes de derecho en las universidades públicas y privadas. ¿Cómo no pensar en estas instituciones académicas donde se “fabrican” a los abogados?
En la formación académica es donde se enseña, se practica y se mentaliza la labor jurídica colonial. No escucho a las autoridades nacionales la voluntad de afrontar el problema de manera integral y estructural. Es preciso cambiar la óptica del estudio del derecho en las universidades. ¿Las casas estudios superiores estarían dispuestas a cambiar su plan de estudios e incluso a apostar por nuevos paradigmas jurídicos? ¿Es necesario seguir apostando a que la administración de justicia esté únicamente en manos de abogadas/as?
Si uno se detiene a examinar la historia política y jurídica del país, el gran fracaso de nuestra patria se debe a la labor de los abogados. Creo que es preciso relativizar el trabajo de la abogacía en la administración de justicia. Los grandes sabios comunales (por ejemplo los amawtas) que administran la justicia en los ayllus y comunidades nunca estudiaron en las universidades, pero creo que administran mejor la justicia. ¿Janipiniwa akch’as waliki, ¿janicha ukhama?
