La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, presentó ayer su declaración informativa ante el Ministerio Público sobre un caso de extorsión que involucraría a algunos funcionarios de su institución. Reveló que éstos habrían pedido 5.000 dólares para que los jueces designados anteriormente sean ratificados en el cargo.
Este tipo de hechos, dijo, afectan a la imagen de la justicia. Similar criterio fue expresado por el fiscal general, Ramiro Guerrero, quien afirmó que el caso “mancha el trabajo institucional”.
Mamani, en calidad de testigo, llegó hasta la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, que abrió una investigación penal contra los responsables de haber pedido dinero a cambio de que varios jueces de Santa Cruz sean ratificados en el cargo, pese a que el pleno del Consejo de la Magistratura ya los había designado con anterioridad. Al término de su declaración informativa, Mamani reveló que algunos malos funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos, habrían pedido los 5.000 dólares.
Protesta. Mamani afirmó que ella asumió la responsabilidad de denunciar el hecho sin el aval del pleno del Consejo y admitió que está corriendo riesgos al desnudar este tipo de hechos, toda vez que las víctimas se negaron a presentarse para referirse a esta denuncia.
El 30 de enero, este medio reveló que el Ministerio Público abrió una investigación penal contra algunos funcionarios del Consejo de la Magistratura, que habrían cobrado dinero para ratificar en el cargo a varios jueces de Santa Cruz, pese a que ellos ya habían sido designados con anterioridad y en reserva institucional.
Para cada designación se elabora un título, el cual debe ser enviado oficialmente a las unidades departamentales; en Santa Cruz aparecieron fotocopias de dichos títulos, lo que evidenció que alguien filtró los originales.
Una de las primeras acciones de la Fiscalía fue el allanamiento de las oficinas de Presidencia y Recursos Humanos, y los fiscales encargados del caso incautaron al menos ocho computadoras.
Mamani aseguró que este tipo de hechos afectan la imagen de las instituciones judiciales que están tratando de cambiar su rol. En la misma línea, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, expresó su preocupación por el hecho y afirmó que las denuncias reveladas “manchan lo que se está haciendo, lo que se está transformando y se está revolucionando”.
El Jefe del Ministerio Público aseguró que en esta investigación no se va a favorecer ni privilegiar a absolutamente nadie y que se va a convocar a todas las personas involucradas para esclarecer la denuncia planteada por la magistrada Mamani.
