El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pedirá al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS) fundamentar su defensa de las denuncias presentadas por Unidad Nacional (UN) sobre campañas electorales sin convocatoria.
Según la resolución emitida anoche por los vocales de la institución electoral, el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y la dirección del MAS tienen dos días para pronunciarse sobre las denuncias que presentó la semana anterior el frente opositor.
En aquella oportunidad, UN pidió al Órgano Electoral, a través del recurso acusatorio, dar curso con la sanción respectiva contra los gobernantes y el partido oficialista por los actos de proclamación que realizaron las organizaciones sociales en el municipio orureño de Huanuni y en Camiri, Santa Cruz, considerándolos como campañas anticipadas, acción sancionada en el reglamento que emitió el TSE el 2 de enero.
“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral decidió correr en traslado con la denuncia (…) para que respondan en el plazo de dos días hábiles de su legal notificación”, menciona el documento que fue aprobado ayer por los vocales tras dos días de sesión.
El mismo procedimiento se efectuará con la denuncia presentada por el ciudadano Amílcar Barral, jefe nacional de Nueva Alianza Bolivia (NAB), quien también acusó al partido gobernante de realizar campañas electorales.
Respecto al recurso de reposición que presentó el Movimiento Sin Miedo (MSM) contra la Resolución 001/2014 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que define las faltas y sanciones a la propaganda y campaña electoral anticipada, la sala plena decidió “declarar sin lugar a mencionar, qué medio de impugnación debe hacer uso la organización política solicitante en contra de la resolución”, debido a que el ente electoral no tiene competencias sobre este manifiesto, explica el primer punto del documento.
El MSM pidió al TSE, a través del recurso recusatorio, dejar sin efecto la resolución de sanciones contra campañas electorales y modificar, lo que considera el partido opositor, “está viciado de legalidad según la Constitución Política del Estado.
