La ley aprobada por la mayoría oficialista del Parlamento que autoriza el derribo de aviones civiles sospechosos de transportar drogas causó hoy controversia en Honduras, donde algunos la consideran nociva y otros afirman que contribuirá a frenar el narcotráfico que campea en el país.
La llamada Ley de Exclusión Aérea fue aprobada anoche en una sesión extraordinaria por 80 de los 128 diputados del Congreso Nacional, informó este sábado a Efe uno de los vicepresidentes del Parlamento y diputado opositor, Marvin Ponce, el único de los 81 legisladores presentes que votó en contra según explicó.
La aprobación se dio en un tiempo récord, por la vía expedita de un solo debate en vez de tres, lo que permite el reglamento parlamentario, y solo un día después de que el pasado jueves se anunciara su discusión.
«En el caso que se detecte una aeronave no identificada será sometida al uso progresivo de la fuerza a través de la interceptación y, como uso máximo, la neutralización definitiva de la amenaza, es decir derribarla», orden que solo dará el secretario de Defensa explicó Ponce, diputado del minoritario y opositor Partido Unificación Democrática.
La norma crea, además, una «zona exclusiva aérea» en los departamentos caribeños de Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía, y Olancho, oriente, los más utilizadas por los narcotraficantes para aterrizar aviones cargados con drogas.
Ponce alertó que la ley «violenta un tratado internacional que prohíbe el derribo de aviones» por parte del país centroamericano, dijo el legislador sin más detalles.
Estados Unidos suspendió en septiembre pasado a Honduras la cooperación para compartir información de radares con el argumento de que el país había derribado, dos meses antes, dos avionetas civiles sospechosas de transportar droga, lo que violó un acuerdo bilateral que prohíbe esa práctica.
EE.UU. restituyó dos meses después la cooperación porque Honduras adoptó una serie de medidas para evitar el derribo de aviones civiles, confirmó a Efe el 22 de noviembre pasado el portavoz de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, Stephen Posivak.
El analista político Raúl Pineda dijo a Efe que la nueva ley podría causar «malestar» en algunos países cooperantes con Honduras, especialmente en Estados Unidos.
Honduras «no va poder llegar muy largo» en el combate contra el tráfico de estupefacientes «sin el apoyo» de Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, añadió.
Pineda defendió la nueva norma como «necesaria para frenar la utilización de rutas aéreas para el tráfico de drogas» en Honduras, por donde transita al menos el 80 % de la cocaína que llega a México desde Suramérica con destino a Estados Unidos.
El 80 % de la droga que transita por Honduras lo hace por mar y el restante 20 % por tierra y aire, según cifras del Gobierno, que atribuye buena parte de la extrema violencia que vive el país, donde cada día muere un promedio de 20 personas, al narcotráfico.
«Los intereses nacionales obligan a países como el nuestro a tener un accionar legislativo lo suficientemente completo para frenar el narcotráfico que pone en precario la gobernabilidad democrática y la soberanía nacional», subrayó Pineda.
El analista político y sociólogo Julio Navarro, por su parte, considera que la nueva ley «es nociva» para el desarrollo del turismo en Honduras y «atenta» contra la libre circulación de personas.
Navarro aseguró a Efe, además, que Honduras «no tiene los medios tecnológicos» para hacer cumplir esa ley.
El Gobierno de Honduras anunció en diciembre pasado la compra de tres radares aéreos a Israel por 30 millones de dólares para combatir el narcotráfico, y se prevé que el equipo llegue al país a finales de este mes.
La ley aprobada deberá ser sancionada por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, o por su sucesor y correligionario que asumirá el cargo el próximo día 27, Juan Orlando Hernández, y entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial La Gaceta.
