Se ha hecho costumbre del presidente Evo Morales hacer un balance de gestión finalizada y de retos de mediano plazo el Día del Estado Plurinacional (22 de enero). A continuación hacemos un “inventario” de los seis principales conflictos sociales de 2013. Se aprecia, además, que la conflictividad ha bajado en relación a años como 2008 o 2009. Con todo, Bolivia continúa siendo uno de los países más conflictivos de la región.
El primer lugar, por la intensidad, duración y sobre todo por ser de carácter nacional y capaz de aglutinar a una diversidad de sectores sociales, jerarquiza el analista y coordinador de la Fundación UNIR Erick Torrico, lo ocupa el conflicto por la jubilación con el 100% de la renta, que tuvo lugar entre abril y mayo.
Trabajadores universitarios, de la salud, municipales, del magisterio rural y urbano, fabriles, policías y gremiales, son algunos de los grupos que se movilizaban por la reforma de las pensiones y su incremento, pues un trabajador aportante en el país no se jubila con la totalidad de su último sueldo.
En determinado momento hubo fuertes enfrentamientos con la Policía. La demanda tuvo la capacidad de involucrar a muchos sectores, por lo que el Gobierno quiso demostrar que tenía fuerza, entonces convocó a una “contramovilización” con algunos de los movimientos sociales afines al oficialismo: la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIB) y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. “El Gobierno supo dar una solución, al menos temporalmente”, dice Torrico.
De hecho, la administración Morales firmó con la Central Obrera Boliviana (COB) dos convenios para incrementar las rentas de jubilación (aunque no al 100%) y establecer plazos para considerar la reglamentación de la nueva Ley de Pensiones.
El analista de la Fundación UNIR, institución que se especializa en los indicadores de la conflictividad, enumera los restantes cuatro conflictos de mayor intensidad que enfrentó Bolivia en 2013; sin embargo, no los jerarquiza, como sí lo hace en lo relativo a las pensiones.
Menciona los enfrentamientos por la erradicación de coca en Apolo, el conflicto por los resultados del censo y la redistribución presupuestaria y de escaños en la Cámara de Diputados, el del cambio de nombre del aeropuerto de Oruro y la demanda de una ley contra la violencia de género.
Torrico argumenta que el único momento de tensión que tenía demandas nacionales globales fue el de la jubilación, los otros cuatro tienen el denominador común de ser o regionales o sectoriales. Sin embargo, por la violencia y la pérdida de vidas, el conflicto por la erradicación en Apolo (norte de La Paz) muy bien podría ser considerado el de mayor seriedad del año pasado…
Según la versión del Gobierno, el 19 de octubre de 2013, cuando miembros desarmados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se encontraban en la zona para erradicar la coca excedentaria de Apolo, fueron emboscados por cocaleros, acción que dejó cuatro bajas. El Gobierno culpó a bandas de narcotraficantes internacionales. Los lugareños dijeron que no fue una emboscada, sino un enfrentamiento y que fue en defensa por supuestos atropellos de la FTC. El saldo fue de 14 heridos de bala y 15 policontusos. 16 personas fueron detenidas y ahora son procesadas.
Luego se tomó el control del lugar y se continuó con la erradicación. Otro conflicto que estuvo cerca del desborde fue debido al nombre del aeropuerto de Oruro, en febrero. Después de ser “bautizado” con el del aviador Juan Mendoza, fue redenominado por los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) como aeropuerto “Evo Morales”. “El problema habría podido ser fácilmente resuelto por el Gobierno, sin embargo lo dejó crecer”, juzga Torrico.
Los cívicos de Oruro movilizaron a la población a través de los medios de comunicación locales y el conflicto despertó un fuerte regionalismo que hizo que una gran parte de la población de la ciudad se sienta insultada, mientras que el presidente Morales guardó silencio. Habiendo podido dar la orden de que se restituya el primer apelativo, no hizo nada.
Al final, el conflicto estuvo cerca de desbordarse con la toma de instituciones gubernamentales. El diferendo concluyó cuando los asambleístas departamentales desistieron del cambio. Luego, el problema por los resultados del Censo 2012 y la consecuente redistribución de recursos y de curules territoriales. Parecía que todo iba a arder como papel: los municipios de La Paz y de Cochabamba, además de los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Beni no estaban satisfechos con los datos ni con una nueva distribución. La frase “sobre llovido mojado” se aplicó al dedillo, pues Morales, el 23 de enero de 2013, adelantó resultados censales disímiles de los finales.
No obstante, tras los paros cívicos respectivos todo se acabó y volvió la tranquilidad. Por último queda el recuento de conflictos en contra de la violencia de género ocasionados por una serie de asesinatos a mujeres que terminaron con la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que incluyó la figura del feminicidio.
Como conclusión, Torrico señala que, “comparativamente”, la conflictividad de 2013 fue “menos intensa” en relación a otros años, “si bien el país tiene una conflictividad cotidiana”. Sin duda, los problemas sociales de 2013 están lejos de aquéllos de 2008, año de mayor conflictividad que enfrentó el MAS con la masacre de Porvenir, el conflicto por la capitalidad en Sucre y la toma de instituciones en Santa Cruz.
