El presidente de la Comisión Mixta Legislativa que investiga el proceso de privatización en Bolivia, Adolfo Mendoza, del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó este lunes que esa instancia legislativa convocó a declarar al empresario Raúl Garafulic, para indagar lo ocurrido en el proceso de privatización de la empresa Hilancruz.
«Tal como ha trabajado la Comisión, estamos obligados a escuchar a todo ciudadano y toda ciudadana que contribuya, que observe o que permita indagar sobre lo que ocurrió en el proceso de privatización. Estamos invitando al señor Garafulic a sostener una reunión con la Comisión, para el miércoles de la siguiente semana, 5 de febrero», manifestó Mendoza, en conferencia de prensa.
El senador explicó que la convocatoria a Garafulic se produce en respuesta a una nota que el empresario hizo llegar a la Comisión y que publicó en el periódico Página 7, haciendo referencia a cuatro puntos en específico sobre la privatización de Hilancruz.
«Es nuestro deber escuchar al señor Raúl Garafulic sobre los cuatro puntos que menciona en su nota», agregó.
Detalló que los puntos que serán abordados tienen que ver con las condiciones de la adjudicación de la empresa; además, la transferencia de las acciones de Hilancruz.
El tercer punto sobre los apoyos estatales de fondos especiales que fueron generados en el país y el último punto tiene que ver con la situación actual de las y los trabajadores en esa empresa que fue privatizada.
El legislador aclaró que ‘es un deber de la Comisión’ escuchar a todos los ciudadanos que tuvieron que ver con el proceso de privatización.
En diciembre, Mendoza sostuvo que el Estado no recaudó ni el 1% de la inversión de las empresas que fueron privatizadas por la denominada “democracia pactada” entre el Movimieno Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
A la clausura de la gestión 2013-2014 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el vicepresidente y presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera, solicitó a la comisión concluir las investigaciones sobre el proceso de privatización en Bolivia este año.
El 21 de junio de 2013, García pidió a la ALP la conformación de una comisión que investigue, al detalle, la ‘rifa’ de empresas públicas y que señale las sanciones legales, si correspondieran, para exautoridades que «pignoraron el patrimonio estatal», entre las que mencionó al empresario Samuel Doria Medina, jefe político de la opositora Unidad Nacional (UN).
Los gobiernos incluidos en esa investigación son los de Jaime Paz Zamora (1989-1993); Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); Hugo Banzer Suárez (1997-2001); Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002); nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003); Carlos Mesa Gisbert (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé en 2005.
