La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ante la Fiscalía a tres funcionarios de la Alcaldía de La Paz por los delitos de daño económico al Estado e incumplimiento de deberes, por la adjudicación del puente Gemelo de las Américas.
Los sindicados por un “posible sobreprecio de más de Bs 6 millones” son Delfín Mansilla Torres, responsable de la elaboración de los términos de referencia; Rodrigo Soliz Bonilla, oficial mayor de Infraestructura Pública, y Lila Marín Escalante, abogada de esa oficina. En un comunicado, el gobierno local rechazó todos los cargos, aclaró que no violó ninguna norma y reiteró su apertura a cualquier proceso de fiscalización.
En la primera convocatoria se fijó un monto referencial de Bs 37,3 millones, sin embargo la obra se adjudicó por más de Bs 44 millones. “Los paceños tenemos derecho a saber qué ha sucedido”, recalcó la ministra.
La Alcaldía sostiene que en 2012 se declararon desiertas dos convocatorias públicas y que aunque el artículo 2, parágrafo V, del Decreto Supremo 0956 le facultaba para efectuar una contratación por excepción, “como una muestra de transparencia, decidió llevar adelante un tercer proceso de licitación pública”.
El 25 de marzo de 2013 —agregó— se hizo una revisión y actualización de los precios unitarios del proyecto. Como resultado se ajustó el monto a Bs 44.065.947,84, aunque la obra se adjudicó en Bs 44.034,.213.50, menor al referencial.
Para fundamentar su proceder apeló al Decreto Supremo 0181, que en su artículo 27, parágrafo II dispone que: “en forma previa a la publicación de la siguiente convocatoria, las unidades solicitante y administrativa, analizarán las causas por las cuales se haya declarado desierta la convocatoria, a fin de ajustar las especificaciones técnicas o términos de referencia, los plazos de ejecución del contrato, el precio referencial u otros”.
Suxo develó también que la Asociación Accidental Consorcio Puente Gemelo —integrado por la Constructora PyT Bolivia SA, Atlas Empresa de Construcciones, Sociedad Constructora Constec SRL, y Puentes y Torones— que se adjudicó la obra, está conformada por compañías creadas por exfuncionarios ediles.
“El señor Edwin Gonzalo Vargas Fernández, Yecid Aliaga Bruch y Daniel Francisco Riveros Haydar, exfuncionarios de la Alcaldía Municipal de La Paz entre 2005 y 2012, habrían conformado varias empresas, las mismas que se unieron en un consorcio para adjudicarse la obra”, denunció. En su comunicado, el gobierno local no lo negó, pero alegó que eso no viola disposiciones legales.
Defensa. “Edwin Vargas Fernández y Yecid Aliaga Bruch, representantes de la Sociedad Constructora Constec SRL (…) desempeñaron los cargos de Oficial Mayor Técnico y Jefe de la Unidad Especial de Coordinación de dicha oficialía, respectivamente, durante el periodo 2000 al 2005, es decir hace ocho años atrás”, dice el gobierno local.
“Daniel Riveros Haydar, representante legal de Constructora PyT Bolivia SA y Puentes y Torones SAS, desempeñó el cargo de Asesor Técnico hasta el año 2011”, agrega.
A continuación precisa que el inciso g) del artículo 43 del Decreto Supremo 0181 solo prohíbe participar a “exservidores públicos que ejercieron funciones en la entidad convocante, hasta un año antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por estos”.
También apela al parágrafo I del artículo 47 de la Constitución Política del Estado que establece que “toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad económicamente lícita”.
Origen de la acusación y la réplica
Ejecutivo
La ministra Suxo reveló que la documentación la recibió hace tres meses de funcionarios ediles que pidieron protección porque son amenazados. “El domicilio legal que habrían señalado estas personas (integrantes del consorcio) sería el del padre de un exalto funcionario del municipio (sic), eso no está corroborado”. Aclararlo y establecer la responsabilidad del alcalde Luis Revilla es tarea del fiscal, apuntó.
Alcaldía
El gobierno local lamentó que la ministra no le solicitara documentación oficial, “que funde su denuncia en especulaciones y conjeturas, denotando además el desconocimiento de la normativa legal vigente”.
Tres corrientes y tres visiones
‘Confirmo el sobreprecio’: Omar Rocha, presidente del Concejo Municipal
Varios puntos son ciertos. Te-níamos que presentar primero la investigación. Confirmo el tema del sobreprecio y los exfuncionarios. También presentaré la denuncia a la Fiscalía.
‘Hacer las investigaciones’: Gabriela Niño de Guzmán, concejala MSM
Respeto todos los criterios. Si está en manos del Ministerio Público, se tendrán que hacer las investigaciones (para) confirmar ese supuesto sobreprecio y tener un resultado.
‘Estamos sorprendidos’: Jorge Silva, concejal MAS
Estamos sorprendidos y ello generó una expectativa para conocer toda la carpeta del proyecto. No conocemos aún el proceso de contratación y esperamos de que nos la remitan.
