El Gobierno pidió hoy perdón en nombre del Estado chileno al pueblo mapuche «por el despojo de sus tierras» y aseguró que tiene una deuda pendiente en materia depolíticas públicas que permitan sacar de la pobreza a la región de La Araucanía, donde viven 600.000 indígenas.
La declaración la realizó el nuevo intendente (gobernador) de la zona, Francisco Huenchumilla, una de las autoridades regionales nombradas por la nueva presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
En la región de La Araucanía, donde habita la mayor parte de la población mapuche de Chile, varias comunidades mantienen desde hace muchos años un conflicto con empresas forestales y agrícolas, reclamando la devolución de sus tierras ancestrales.
«El Estado tiene pendiente el pago de esta deuda y por más de 130 años ha implementado políticas públicas que no han logrado sacar a esta región de la pobreza y de los últimos lugares del desarrollo nacional», afirmó el intendente.
En esa misma línea, Huenchumilla agregó: «Para lograr esto, yo manifiesto, en nombre de la presidenta Michelle Bachelet, la voluntad política de hacer algo diferente. No más de lo mismo», enfatizó.
Huenchumilla, miembro también de la etnia mapuche, aseguró que para avanzar en este camino se reunirá precisamente con todas las organizaciones de los sectores productivos que se «han visto afectados por la violencia», ya que en este nuevo escenario «todos deben ser escuchados».
El intendente llamó además a los fiscales de la región a colaborar en la conformación de un clima de respeto y tolerancia en la zona. «Debemos calmar los espíritus», recalcó.
«Los fiscales deben actuar con moderación, no exacerbando los ánimos haciendo el papel de ‘opinólogos’ de lo sucedido en el proceso (de una investigación)», subrayó.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, repudió hoy las declaraciones del intendente y cuestionó que en su primer día en el cargo «se dé el ‘gustito’ de descalificar a los fiscales y pretender imponerles una especie de ‘ley mordaza'».
«Los fiscales, pese a los escasos recursos de que disponemos, actuamos de forma absolutamente seria y apegados al principio de objetividad», dijo Uribe.
Según Uribe «declaraciones como las del intendente solo exacerban la odiosidad en contra de los fiscales, cuyas condiciones de seguridad son desde ya precarias».
El llamamiento del intendente Huenchumilla también aludía a la mesura en la aplicación de la ley antiterrorista, que fue invocada en cuatro ocasiones en el anterior gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010).
La presidenta Bachelet respondió a las críticas y en su momento aseguró que «fue un error» la aplicación de dicha legislación, por lo que no la volvería a aplicar en ningún caso en el marco del llamado conflicto mapuche.
La legislación fue modificada a mediados de la presidencia de Sebastián Piñera (2010-2014) para garantizar el debido proceso, medida que fue adoptada tras una larga huelga de hambre de comuneros mapuches en prisión.
Según el actual ministro de Justicia, José Antonio Gómez, «es una ley para casos particulares y especiales donde se cumplen requisitos que la propia ley establece, no es una ley que pueda ser utilizada simplemente porque se toma la decisión política».
En declaraciones al diario La Tercera, el ministro dijo que «hay temas de la ley que deben ser reformulados» y agregó que las autoridades deben hacerse cargo de «algunas recomendaciones internacionales, porque son órganos oficiales».
«La presidenta ha señalado que no se va a aplicar la ley antiterrorista, ése es el camino que ella ha designado», recalcó.
