La crisis judicial en Bolivia se profundizó durante 2013, según sostiene el último informe que fue presentado ayer en la ciudad de La Paz por el delegado en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot.
“Si bien las autoridades judiciales elegidas en 2011 han adoptado numerosas e importantes medidas, éstas aún no han podido revertir la profunda crisis en la administración de justicia, crisis que se profundizó aún más en 2013”, señaló en su informe. Agrega que esa situación se caracteriza por problemas estructurales como la retardación, la insuficiente cobertura, el acceso limitado por parte de los sectores más vulnerables, la corrupción y la impunidad.
Racicot subrayó que falta recursos económicos para el sistema judicial boliviano, ya que el presupuesto destinado a ese sector llega “únicamente al 0,53%” del Presupuesto General del Estado.
El cuestionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se suma a las otras críticas expresadas desde 2013 por el presidente Evo Morales y otras autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo.En agosto del año pasado se registró una pelea por el poder entre internos de la sección Chonchocorito del penal cruceño de Palmasola, en la que murieron 33 reos y un niño. A raíz de este hecho, el Presidente reveló que en el sistema carcelario más del 80% de los internos son detenidos preventivos, que no tienen condena. Esa situación centró la atención en la retardación de justicia.
Respecto al sistema de justicia penal, las Naciones Unidas sostiene que hay el 75% de rezago judicial y una insuficiente cobertura del Ministerio Público, del Servicio Nacional de defensa Pública y del Instituto de Investigaciones Forenses. Añade que por una falta de control, se observa frecuentes cambios de fiscales y suspensiones de audiencias, “uso abusivo de recursos dilatorios por las partes” y paralización de juicios si éstos no son impulsados por las víctimas.
Racicot agregó que en el sistema penitenciario “subsiste la crítica situación de hacinamiento en los centros penitenciarios, el uso excesivo de la detención preventiva y el control interno de los penales por parte de los reclusos”.
Respeto al Defensor
Posición
Denis Racicot, delegado en Bolivia de derechos humanos de la ONU, tras expresar su preocupación por “declaraciones gubernamentales” en sentido de que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, respaldó intereses de la oposición, recomienda que el Gobierno respete la independencia de la Defensoría.
Escaso avance en 5 procesos
J. J. C.
El delegado en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Denis Racicot, observó que en cinco procesos judiciales relevantes y cuestionados los avances procesales fueron lentos.
“La oficina ha observado algunos procesos penales, como el que se sigue contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por los hechos trágicos de octubre de 2003, los hechos violentos racistas de mayo de 2008 en Sucre, la masacre de El Porvenir, el caso Chaparina y el caso sobre el presunto grupo terrorista desmantelado en Santa Cruz. Los avances procesales en cada uno de estos casos han sido escasos y lentos”, señaló Racicot en su informe 2013.
El proceso contra el expresidente Sánchez de Lozada está paralizado porque aún se cumple con el segundo trámite para el pedido de extradición ante el Gobierno de Estados Unidos. La primera solicitud fue negada por Washington en septiembre de 2013. En los otros cuatro juicios las partes plantearon diferentes recursos que retrasaron los procesos.
